Murcia, 8 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), Juan Martínez Moya, ha pedido la colaboración a los ayuntamientos para que se puedan cumplir las 3.000 penas de trabajos en beneficio de la comunidad que no han podido ser ejecutadas.

Estas penas fueron introducidas en el Código Penal de 1995 y en la mayor parte de los casos no se pueden cumplir, al no ofrecer las administraciones plazas para aplicarlas.

El coordinador del servicio promovido por el TSJ para concienciar a los ayuntamientos sobre la necesidad de su colaboración, el juez Miguel Pasqual del Riquelme, dijo a EFE que "necesitamos cuanto antes contar con plazas en las que se puedan aplicar estas penas, ya que si no estaremos sólo ante una justicia declarativa".

Pasqual del Riquelme añadió que este ofrecimiento que esperan conseguir "no supone coste alguno para las arcas municipales y, además, sólo reporta beneficios para la comunidad".

Asimismo, comenta este magistrado, la no ejecución de las penas supone una frustración para las personas que en su día fueron víctimas de los hechos que quedaron juzgados.

Los trabajos en beneficio de la comunidad fueron introducidos en el Código Penal con el fin de conseguir la resocialización del infractor y de reparar a la sociedad por el daño causado.

En la Región de Murcia, según las cifras ofrecidas por Pasqual del Riquelme, se ha pasado de 600 penas pendientes de cumplir en 2007 a las 3.000 que hay en la actualidad. EFE