El Pleno de la Asamblea Regional aprobó hoy la Ley de adaptación del Instituto de Vivienda y Suelo (IVS) a la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que agilizará la construcción de viviendas de promoción pública en la Región.

Con la aprobación de esta Ley, que defendió el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y presidente del IVS, José Ballesta, el Gobierno regional continúa promoviendo el acceso a la vivienda a grupos de destinatarios concretos, como familias con ingresos de hasta 1,8 veces el salario mínimo interprofesional, que, sin la acción administrativa, difícilmente podrían disfrutar de este derecho constitucionalmente protegido.

La Ley mantiene al IVS como organismo autónomo frente a la figura de entidad pública empresarial, lo que, según el consejero, “permite que el IVS goce de un amplio campo de actuación como organismo autónomo, con lo que se consigue una mayor adaptación a las necesidades del sector de la vivienda protegida y, por tanto, a las demandas de los murcianos”.

José Ballesta señaló que “una estructura extremadamente mercantil rompería con la necesaria intervención pública que debe existir en este sector, a fin de lograr una mayor eficacia en la consecución de los programas regionales de vivienda”.

De este modo, el IVS, como organismo autónomo, mantendrá sus competencias para la construcción de viviendas públicas, la adquisición de suelo, la adjudicación de viviendas a sus beneficiarios, la gestión de ayudas a los ayuntamientos para la adquisición o rehabilitación de inmuebles con destino al realojo de sectores de población con escasos ingresos, la conservación del parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma, así como para velar para que los proyectos de viviendas de promoción pública y sus equipamientos colectivos se ajusten en su diseño y características a las necesidades de los colectivos y ciudadanos a los que van dirigidos.

Más garantías sociales

El nuevo texto incluye un supuesto de desahucio que garantiza que las personas que ocupan una vivienda de promoción pública cumplan con los requisitos exigidos para ello.

Para el consejero, “esta modificación tiene por finalidad ofrecer un mejor cumplimiento de la función social de la propiedad, y permite corregir situaciones contrarias al espíritu y finalidad de la regulación de las viviendas de promoción pública, de modo que quienes acrediten la necesidad de éstas puedan acceder a ellas, para asegurar la justicia social en la adjudicación de las viviendas y evitar que ocupe una vivienda protegida quien no reúne los requisitos para hacerlo, lo que agilizará la lista de espera de los demandantes”.

Foto: De izquierda a derecha, el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, el consejero de Obras Públicas y presidente del IVS, José Ballesta, y la diputada Severa González.