Madrid, 27 may (EFE).- La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió tres mil diligencias en 2007, 1.220 relacionadas con el medio ambiente y 1.781 con cuestiones relativas a la ordenación del territorio y delitos urbanísticos.

Estos son algunos de los datos que presenta la Memoria de esta Fiscalía, correspondiente a 2007, su segundo año de funcionamiento.

El documento explica que se produjeron 407 sentencias condenatorias, que incluyen 190 por delitos de ordenación del territorio y urbanismo y 82 por incendios forestales.

La Memoria explica que las relaciones con las autoridades autonómicas no son siempre fluidas y cordiales cuando se trata de temas de urbanismo y ordenación del territorio.

Las Fiscalías de Málaga, Valencia, Burgos, Murcia, Tarragona, Barcelona, Tenerife, Huesca y León aseguran que sus respectivas administraciones no colaboran de la manera adecuada y la de Cádiz acusa a los ayuntamientos de "dejación".

Las provincias de Ciudad Real, Pontevedra y A Coruña destacan que las denuncias de sus ayuntamientos aumentan en época electoral.

Por contra, las plataformas ciudadanas, las ONG y grupos ecologistas colaboran de manera importante, especialmente en la Fiscalía de Ávila.

Los fiscales especialistas en medio ambiente tampoco disponen de técnicos y peritos a su disposición y se encuentran en los juicios con los de la empresa imputada o los de la administración que ha autorizado las instalaciones o vertidos ilegales.

En materia de incendios, la Memoria explica que 368 personas fueron detenidas e imputadas en 371 incendios (44 en agosto) originados fundamentalmente por negligencias (64 por ciento), relacionadas con la limpieza de zonas agrícolas o forestales (la mitad de ellas).

Los Cuerpos de Seguridad se han coordinado en dos incendios; la Guardia Civil ha intervenido en 179; Policías Autonómicas, en 166 y los Agentes Rurales de Cataluña, en 24.

Durante 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia ha realizado test sicológicos y entrevistas personales con algunos de los detenidos por incendios, para conocer su perfil y mejorar la prevención.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha censado 2.269 vertederos, de los que 382 han sido eliminados y en 274 se ha reducido el riesgo de incendios, hasta el punto de que no hay ninguna persona detenida por iniciar un incendio de este tipo en 2007.

Por provincias, las Fiscalías de Teruel, Cuenca, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Córdoba, Oviedo y las del País Vasco han localizado varios vertederos ilegales, mientras que las de Cataluña se quejan del "escaso interés y auxilio" que reciben de las autoridades autonómicas en esta materia.

Las Fiscalías provinciales reclaman mejoras en el sistema informático ya que no disponen de una aplicación común para el registro de los datos ni tampoco tienen ninguna compartida con los diferentes órganos judiciales.

Además, la de Teruel carece de correo electrónico y ordenador portátil para poder ver atestados e inspecciones y la de Tarragona tampoco tiene escáner para digitalizar sentencias.

Todas las Fiscalías califican de "acuciante" el problema del uso de cebos envenenados, por lo difícil de detectar la autoría, ya que la muerte de los animales se produce a distancia del lugar donde el cebo ha sido dejado.

Navarra y Baleares solicitan una especialidad ambiental en la carrera judicial, que mejoraría la coordinación entre el Juzgado y la Fiscalía.

Esta coordinación ha comenzado con los Colegios de Arquitectos de diversas Comunidades Autónomas para facilitar la investigación de delitos contra la ordenación del territorio, principalmente.

La Memoria asegura que el desarrollo del actual modelo de Fiscalía está siendo "lento" y puede disminuir su eficacia. EFE