El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta, solicitó hoy a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la creación de un baremo específico para facilitar el acceso a viviendas protegidas de más de 90 metros cuadrados a personas con discapacidad reconocida e ingresos que no alcancen el umbral de renta establecido por los planes de vivienda en vigor.
Según Ballesta, “desde la Consejería de Obras Públicas creemos que este tema debe ser tratado de forma individualizada, e incluirlo así en el nuevo plan de vivienda que ha anunciado el Ministerio para 2009-2012”.
En el primer encuentro entre el consejero murciano y la ministra de Vivienda, celebrado hoy en Madrid, Ballesta también propuso la necesidad de aumentar el número de objetivos en cuanto a las ayudas al arrendador de vivienda libre desocupada, al inquilino y a la rehabilitación aislada de edificios y viviendas, en las que la Comunidad Autónoma ha gestionado un gran número de ayudas, superando lo convenido para el pasado ejercicio.
Según el consejero, “dentro de la ejecución del Plan de Vivienda 2005-2008, hemos solicitado la financiación de los apartados en los que la Comunidad Autónoma ha sobrepasado el grado de cumplimiento respecto a lo convenido con el Ministerio”.
Otra de las propuestas presentadas al Ministerio es la firma de un convenio con la entidad pública Empresarial del Suelo (SEPES). A través del mismo, se prevé que el Instituto de Vivienda y Suelo disponga de más suelo público con el que construir viviendas de protección oficial, y que se sumen a las partidas de suelo adquiridas recientemente por la Comunidad Autónoma.
Más VPO
La ejecución del Plan de Vivienda 2005-2008 presenta un total de 5.528 solicitudes provisionales de calificación y de visado de viviendas, frente a las 4.876 que contempla el acuerdo con el Ministerio, lo que refleja un grado de ejecución por parte de la Comunidad Autónoma de un 113 por ciento de los objetivos acordados.
Además, el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 9 de mayo, permite calificar una vivienda libre como protegida y prevé que se incremente el número de solicitudes de VPO puestas a disposición de los ciudadanos, facilitando así su acceso a la vivienda.
Este Decreto, que es una de las medidas del Plan de Dinamización de la Economía Regional del Gobierno Autonómico, sirve también para dar salida al stock de vivienda libre que, dada la situación actual, no tiene la demanda necesaria en el mercado de la vivienda libre.