El consejero de Turismo y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán, compareció hoy en la Asamblea Regional en el debate político de totalidad del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. En su intervención, el titular de Consumo del Gobierno Regional explicó las líneas directrices sobre las que se articula esta reforma: el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores como cauce natural de la representación, la potenciación de los instrumentos administrativos para la protección del consumidor y el reconocimiento e impulso del papel de las administraciones locales en este ámbito.

El articulado del anteproyecto introduce un extenso catálogo de derechos y funciones de las asociaciones de consumidores y usuarios: podrán presentar denuncia o demanda ante los organismo judiciales, así como ser oídas preceptivamente en consulta en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas, en la fijación de tarifas y condiciones generales de la contratación de servicios prestados por las Administraciones públicas de la Región de Murcia.

Como novedad, también se otorga una nueva configuración legal al Consejo Asesor Regional de Consumo que se convierte en el máximo órgano colegiado de consulta, participación, coordinación, diálogo y concertación en materia de Consumo, en el que también se integran ahora las administraciones municipales. Se creará, así mismo, un instrumento de coordinación entre todas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, la Mesa de Diálogo, que permitirá que todas ellas puedan actuar, cuando las circunstancias así lo demanden, con una sola voz.


Más competencias municipales

Teniendo en cuenta la capacidad de los municipios y la introducción de mecanismos de coordinación y colaboración, se incrementan las competencias municipales en esta materia. Según expuso Ruiz Abellán “podrán sancionar infracciones leves cometidas en su término municipal y las relativas a la venta ambulante, entre otras”.

En el debate político celebrado en la Asamblea, Ruiz Abellán explicó que “el anteproyecto detalla que la labor inspectora constituye uno de los pilares esenciales de la intervención administrativa para la protección de los consumidores. Los órganos competentes en la materia –y en casos de urgencia, los propios inspectores de Consumo- deben tener las potestades necesarias para poder reaccionar con rapidez y con firmeza frente a aquellas conductas que ponen en riesgo o lesionan los derechos de los consumidores y usuarios, lo que la reforma refuerza y aclara (imposición de condiciones previas, suspensión, retirada, o destrucción de productos inseguros o cierre de establecimientos)”.

La reforma del régimen sancionador introduce nuevos tipos de fraude que vienen a completar los existentes. Destacan los siguientes:

-El fraude en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar.

-El incremento de precios en los repuestos.

-La manipulación fraudulenta en los aparatos o sistemas de medición de los productos o servicios suministrados a los consumidores y usuarios.

-La venta u oferta de bienes que hayan superado su fecha de caducidad o de consumo preferente.

-La realización de actividades sin los seguros o avales legalmente impuestos, previsión que tiene especial trascendencia en el ámbito de la compraventa de vivienda.

-La inclusión o aplicación de cláusulas abusivas o el reenvío a condiciones generales contenidas en textos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato.

-Las limitaciones injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado.