La Región de Murcia se situó en el último año entre las cuatro comunidades españolas con menor índice de incidencia, tal y como revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, referidos al periodo comprendido entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, que sitúan a la comunidad murciana dos puntos por debajo de la media nacional, con un índice del 56,40 accidentes por cada mil trabajadores, frente a los 58,39 de la media española.

La distancia con la media nacional es especialmente significativa en el apartado de los accidentes graves, donde la Región de Murcia se encuentra 6 puntos por debajo, con un índice de 0,49 accidentes por cada mil trabajadores frente a los 0,55 de la media española. Todos los sectores se encuentran por debajo de la media nacional, destacando especialmente la distancia registrada en el sector de la agricultura donde la Región tiene un índice un 73,09 por ciento inferior a la media.

El consejero de Empleo y Formación, Constantino Sotoca, valoró estos datos y expresó su reconocimiento a los planes regionales de prevención llevados a cabo por el Gobierno regional en colaboración con los agentes sociales; el último de los cuales, aplicado en el periodo 2005-2007, ha sido ejecutado en su totalidad. Asimismo, mostró su confianza en que el próximo Plan 2008-2012 “nos ayude a seguir mejorando los indicadores y nos permita aumentar la distancia que actualmente nos separa de la media”.

Precisamente, esta semana se constituyó la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, organismo colegiado dependiente de la Consejería de Empleo y Formación, que nace con el objetivo de ser el instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración autonómica en materia de prevención de riesgos laborales y servirá como herramienta de colaboración con la Administración local y la del Estado.

La creación de este nuevo órgano responde a uno de los compromisos adquiridos en el Plan Regional de Riesgos Laborales 2005-2007, dirigidos a promocionar la mejora de las condiciones de trabajo mediante la coordinación e integración de todas las actividades preventivas en el ámbito laboral. Su implantación supone, además de la coordinación y el impulso de la política de prevención de riesgos laborales, el fomento de la cultura preventiva en el conjunto de la sociedad.