El grupo socialista instará, en el próximo pleno municipal, al Ayuntamiento y al Gobierno Regional a adaptar las normas que regulan las zonas escolares a la LOMLOE.
La propuesta busca, por una parte, defender la libertar de elección de centro educativo, definida por igual en los Artículos 84.1 de la LOMCE y de la LOMLOE. El artículo 84 de la LOMLOE dice que "las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales". La LOMCE ya recogía esa norma casi en idénticos términos: "Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores".
Por otro lado, se pretende adaptar las normas autonómicas que regulan las zonas de escolarización de manera que cumplan con la nueva ley educativa (LOMLOE) que no deroga a la anterior (LOMCE) sino que incorpora modificaciones.
En relación a las zonas escolares, la LOMCE garantiza un sistema más justo y eficiente al sustituir el actual distrito único por zonas escolares que tengan en cuenta el criterio de proximidad. El experimento del distrito único, que entró en vigor en 2016, no ha funcionado, tal como auguró Enrique Ujaldón, responsable autonómico de Planificación Educativa bajo el Gobierno del PP, quien avanzó por entonces que de no funcionar este sistema se volvería al de toda la vida, restringiendo la elección de centro a los que se encuentran en el entorno del domicilio del estudiante.
Estudios como el realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, denominado "Zonificación y admisión del alumnado en los centros escolares de la ciudad de Valencia", concluye que el distrito único es "inadecuado para mitigar la segregación escolar". Tanto es así que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cartagena y Comarca (FAPA) reclamó en 2019 a la Consejería de Educación que pusiera fin a la elección de centro escolar por medio del sistema de distrito único, que ha servido para que se "beneficie" a los centros concertados frente a los públicos. También expuso que por culpa de esto hay más colegios gueto, al aumentar la "segregación" y la "desigualdad", lo que hace que se produzca una despoblación en los centros educativos de los barrios y el extrarradio, mientras los demás están "masificados".
El nuevo modelo de la denominada Ley Celaá pretende revertir la actual situación mejorando varios aspectos: garantiza la libertad de elección de centros para todos y no solo para los que puedan pagar, contribuye a una movilidad sostenible (objetivo 13 ODS), distribuye equitativamente el alumnado con necesidades educativas especiales, lo que repercute en mejores resultados y, en definitiva, en un mejor sistema educativo.