El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad una moción propuesta por la Alcaldía para la adhesión del consistorio al Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios.

El convenio aporta nuevas medidas que mejoran la situación de aquellas familias que se encuentren en una situación de dificultad social relacionada con el acceso a vivienda.

Las familias desahuciadas que reúnan los requisitos podrán acceder a viviendas en régimen de alquiler por un precio entre 150 y 400 euros.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha adherido al Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios creado por el Gobierno Central. Para ello, el Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad una moción urgente propuesta por el Alcalde con la que el consistorio se une al Convenio suscrito entre el Gobierno de la Nación, las entidades bancarias y la Federación Española de Municipios para la Creación de Fondos Sociales de Viviendas.

En este sentido, el Alcalde, Pedro Antonio Sánchez, ha expresado su "satisfacción por el acuerdo con el que pretendemos reforzar la ayuda que prestamos a las familias más necesitadas en estos momentos de especiales dificultades". Así, ha explicado que "además de informar, asesorar, acompañar y ayudar a las personas en riesgo de perder su vivienda, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ofrecerá otros servicios sociales que contribuyan a superar su difícil situación".

De este modo, el Fondo Social de Viviendas comenzará a funcionar el próximo 31 de marzo, y en todo el territorio nacional pasarán a formar parte un total de 6.000 viviendas propiedad de las entidades financieras. Así, a través del convenio se podrá facilitar una vivienda a las familias que hayan sido desahuciadas, pagando un alquiler que oscilará entre los 150 y los 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de alquiler será de dos años prorrogables por uno más.

Por último, los solicitantes de vivienda deberán cumplir una serie de requisitos: que el desalojo se haya producido a partir del 1 de enero de 2008, como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas. Además, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no podrá superar el límite de tres veces el IPREM, y ninguno de sus miembros podrá disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo.