En 1993, el genial director Luis García Berlanga estrenó una película titulada Todos a la cárcel, una sátira despiadada sobre la corrupción, la hipocresía, los negocios turbios y los tejemanejes de quienes se movían por las altas esferas del poder. Más de treinta años después, viendo el panorama político español, uno tiene la impresión de que aquella película no era una comedia, sino un documental adelantado a su tiempo. La única diferencia es que Berlanga necesitaba actores profesionales y hoy parece que nos salen gratis, aunque mantenerlos nos cueste una fortuna.
España atraviesa uno de los periodos políticos más convulsos y preocupantes de nuestra democracia. Ocho años de sanchismo han conseguido convertir la regeneración democrática en una expresión casi humorística. Llegaron al Gobierno prometiendo transparencia, ejemplaridad y limpieza institucional, y hoy la transparencia se parece a un cristal tintado: los ciudadanos no ven lo que sucede dentro, pero desde dentro sí controlan todo.
La política española se ha convertido en un espectáculo donde las explicaciones sobran, las responsabilidades escasean y las contradicciones se multiplican. Si una noticia perjudica al Gobierno, es un bulo; si una estadística no encaja en el discurso oficial, se busca otra interpretación; y si una investigación judicial resulta incómoda, siempre queda el recurso de cuestionar las intenciones de quienes investigan.
La economía va estupendamente, nos dicen, aunque muchos españoles tengan dificultades para llegar a fin de mes. El empleo bate récords, mientras demasiados jóvenes siguen sin poder emanciparse. La vivienda se ha convertido en un lujo, pero la culpa, después de ocho años gobernando, continúa siendo de Rajoy. A este paso, dentro de veinte años seguirán responsabilizándolo hasta de los baches de las carreteras.
Y mientras tanto, los casos judiciales que afectan a personas del entorno socialista se suceden, alimentando una creciente desconfianza ciudadana. Los españoles tenemos derecho a exigir explicaciones, responsabilidades políticas y que nadie pretenda convertir los tribunales en enemigos de la democracia cuando sus resoluciones no resultan convenientes.
Lo verdaderamente extraordinario es la capacidad del Gobierno para presentarse siempre como víctima. Si gobierna, la culpa es de la oposición; si hay protestas, la culpa es de la derecha; si los ciudadanos se quejan, están manipulados; y si las encuestas no acompañan, siempre aparece José Félix Tezanos, dispuesto a devolver la alegría a La Moncloa.
Porque lo del CIS merece un capítulo aparte. Mientras numerosos sondeos dibujan un escenario electoral desfavorable para el socialismo, el organismo público presenta al PSOE con un 33,3 % de los votos y una ventaja de 7,8 puntos sobre el Partido Popular. ¡Qué extraordinaria casualidad! Cuando las demás encuestas anuncian tormenta, el CIS descubre un sol radiante sobre la sede de Ferraz.
¿De verdad tenemos que creer que todos los institutos demoscópicos están equivocados y que únicamente Tezanos posee la fórmula milagrosa para interpretar la voluntad de los españoles? ¿No sería conveniente investigar hasta qué punto se está utilizando un organismo público al servicio de intereses partidistas? Y, si llegara a demostrarse una utilización deliberadamente fraudulenta de sus recursos, ¿no habría que examinar también las posibles responsabilidades por malversación de dinero público?
Porque una cosa es equivocarse en una encuesta y otra muy distinta sería utilizar el dinero de todos los españoles para fabricar un relato electoral favorable al Gobierno. La independencia de las instituciones públicas no debería ser una cuestión de simpatías políticas.
Y hablando de contradicciones, resulta difícil superar el espectáculo de quienes convocan movilizaciones mientras sus propios compañeros ocupan el poder. En ocasiones parece que algunos sindicatos han descubierto una modalidad revolucionaria de protesta: manifestarse contra quienes no gobiernan para evitar incomodar a quienes sí lo hacen. Una huelga contra la oposición sería, sin duda, una aportación española a la historia del sindicalismo. Sin embargo, ha sido una huelga del gobierno contra los ciudadanos, que no comulgan con sus ideales políticos. Un chantaje en toda regla.
Aquella famosa reflexión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la conveniencia de mantener la tensión política vuelve a cobrar actualidad. Parece que algunos han interpretado la confrontación permanente no como un problema que debe resolverse, sino como una estrategia electoral que conviene alimentar. Dividir, enfrentar, señalar y movilizar. Y si por el camino se deteriora la convivencia entre españoles, que se aguante.
También resulta curioso observar cómo determinados dirigentes socialista, parecen practicar con extraordinaria disciplina el lema de los tres mosqueteros: "Uno para todos y todos para uno". Eso sí, con una pequeña modificación: cuando llegan los problemas judiciales, nadie conoce a nadie, nadie recuerda nada y todos aseguran haberse enterado por la prensa.
Pero si algo faltaba para completar esta nueva versión de la película de Berlanga era el comienzo de la campaña electoral socialista en Sevilla, con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, convertida en una de las protagonistas del acto inaugural.
Resulta difícil comprender que, en medio de la controversia judicial que la rodea, el PSOE considere oportuno otorgarle semejante protagonismo político. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un espectáculo político difícil de justificar.
Y para completar la representación, los bailes sobre el escenario. ¡Qué espectáculo tan ridículo! Sonrisas, aplausos, movimientos de cadera y entusiasmo desbordante, como si España fuera una fiesta interminable y no existieran problemas que merecieran un mínimo de seriedad. Ya no se acuerdan de las tragedias ferroviarias, con 115 muertos.
Uno contempla aquellas imágenes y no sabe si está asistiendo al comienzo de una campaña electoral o a la inauguración de una verbena de pueblo.
Mientras tanto, siguen pendientes cuestiones tan graves como la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas de accidentes, la protección de nuestras fronteras, la situación de Ceuta y Melilla, la vivienda y el deterioro de la confianza en nuestras instituciones. Pero parece que para determinados dirigentes lo importante es que no decaiga la fiesta.
Por eso, después de estas elecciones, España necesita algo más que un simple cambio de Gobierno. Necesita recuperar la normalidad democrática, la independencia de sus instituciones y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Y si los tribunales demuestran que determinados dirigentes, responsables públicos o personas de su entorno han cometido delitos, que respondan ante la ley y cumplan las penas que correspondan. Sin privilegios, sin protecciones políticas y sin excepciones. Que nadie pueda esconderse detrás de unas siglas, de un cargo o de una amistad influyente.
Porque, recordando nuevamente aquella genial película de Berlanga, Todos a la cárcel no debería ser solamente el título de una comedia sobre la corrupción, sino también una advertencia para quienes crean que el poder les concede impunidad.
Y, para terminar, no puedo resistirme a recordar al gran periodista y escritor José Luis Alvite y sus extraordinarios relatos del famoso Savoy, aquel universo de personajes nocturnos, pícaros y canallas que, pese a sus miserias, todavía conservaban ciertos códigos de honor.
Porque, como evocaba Alvite en sus historias, en la barra del Savoy había más canallas simpáticos y más códigos de honor que en muchas de las altas esferas del poder político.
José García Martinez.