España no necesita más discursos grandilocuentes. Necesita soluciones. Necesita un Gobierno que entienda que gobernar no consiste únicamente en administrar presupuestos, inaugurar obras o anunciar medidas. Gobernar significa responder ante quienes pagan impuestos, trabajan, cotizan, sostienen familias, esperan una ayuda de dependencia o simplemente intentan llegar a fin de mes.

Si hubiera que escribir las prioridades de un Gobierno pensando en la ciudadanía, podrían ser muchas. Pero hay algunas que no deberían admitir más demoras.

La vivienda tendría que estar en el primer lugar. Hay que frenar cualquier utilización especulativa de un bien que es una necesidad básica y aumentar de manera decidida el parque de vivienda pública y social. Las administraciones deben disponer de suelo y cumplir con las obligaciones de construcción vinculadas a los recursos que reciben. Y estudiar fórmulas para que viviendas actualmente en manos de grandes tenedores puedan incorporarse al parque social mediante los mecanismos legales que correspondan. España necesita cientos de miles de viviendas adicionales para responder al déficit acumulado cercano a 750.000 viviendas entre 2021 y 2025.

También hace falta una política seria frente a los desahucios con personas vulnerables, con alternativas habitacionales reales antes de dejar a una familia sin techo.

Después está el dinero público. Ni privilegios innecesarios, ni una proliferación de asesores que no resulte justificable, ni puertas giratorias que pueden generar conflictos de intereses. Y una transparencia absoluta: hasta el último céntimo, con información comprensible.

Quien ocupa un cargo público debe responder de él. Y cuando termina su responsabilidad, debe regresar a su actividad profesional anterior. Las retribuciones y los gastos asociados a la actividad política deben estar perfectamente regulados, justificados y sometidos al control público.

Pensionistas y trabajadores necesitan algo tan sencillo como poder mantener su capacidad de compra. Las pensiones se actualizan actualmente mediante una fórmula vinculada al IPC medio interanual. Pero puede discutirse si ese mecanismo refleja suficientemente la pérdida de poder adquisitivo que afronta una persona cuando los precios continúan aumentando.

¿Por qué no estudiar un sistema que permita una actualización inicial y una posterior regularización cuando se conozcan los datos definitivos, evitando que la ciudadanía tenga que seguir sufriendo la pérdida de poder adquisitivo? Nunca un promedio del año acabado, sino un IPC real. A día de hoy estamos en el 4,9% y falta el último trimestre del año.

Debería revisarse la fiscalidad de las pensiones, tener en cuenta quien paga hipotecas, quien tiene personas dependientes etc. No puede tratarse de la misma manera a quien apenas dispone de ingresos suficientes para vivir que a quien tiene una capacidad económica muy superior. Deberían de tenerse en cuenta todos los factores ante los que una persona tiene que responder.

La dependencia, exigir menos burocracia y más atención. Las personas dependientes y sus familias necesitan respuestas, profesionales, ayudas suficientes y alternativas.

Las residencias de mayores necesitan más personal y mejores cuidados, no todo puede ser querer más ganancias. Las personas con discapacidad, especialmente quienes presentan grandes necesidades de apoyo, necesitan recursos especializados y accesibilidad real, no únicamente derechos escritos en una ley.

Sanidad y educación públicas necesitan médicos, enfermeras, profesores, personal de apoyo, mantenimiento y recursos. Las carreteras y las infraestructuras necesitan conservación. La investigación necesita financiación para que el talento español pueda desarrollar aquí su trabajo y no tenga que marcharse por falta de oportunidades.

España también necesita recuperar capacidad industrial, fortalecer la agricultura, la ganadería y la pesca y apoyar a los autónomos con un marco realmente adaptado a su realidad. Se necesitan políticas eficaces para revitalizar esa España rural que lleva años perdiendo habitantes, servicios y oportunidades.

Hay otra cuestión que parece menos, pero no lo es: la atención al ciudadano. Menos contestadores automáticos y más personal humano. Más atención presencial para los mayores que no dominan la informática. Un poco de empatía no debería ser una exigencia extraordinaria. Una accesibilidad completa en ciudades, edificios y servicios para que nadie quede atrás.

Sobre inmigración también hace falta serenidad. No todos los inmigrantes son delincuentes. Muchas personas llegan huyendo de guerras, hambre o situaciones extremas. Pueden cubrir empleos para los que no existe relevo generacional. Eso no significa que las fronteras deban quedar sin control: significa que debe existir una política ordenada, legal y humana, que distinga las circunstancias y aplique la ley.

También hay realidades que no desaparecen porque alguien decida negarlas: el cambio climático, la violencia contra las mujeres, el racismo, la xenofobia y la discriminación requieren políticas públicas y respuestas concretas.

La corrupción debe tener una respuesta inequívoca: transparencia, investigación rigurosa y Justicia con todas las garantías, independientemente del partido al que pertenezca una persona investigada o encausada. Más agilidad para algunos casos que llevan demasiados años: no se resuelven, hay sobreseimiento o se archiva la causa.

Los derechos que hoy disfrutamos no aparecieron solos. Costaron sacrificios, trabajo y lucha social. Por eso no deberían utilizarse como moneda electoral ni como arma de enfrentamiento permanente.

Resulta razonable plantear la recuperación de la deducción por vivienda habitual para quienes soportan una hipoteca. Durante años, los contribuyentes pudieron desgravar fiscalmente parte de sus cantidades destinadas a la adquisición de su primera vivienda.

Revisar la fiscalidad de las herencias. Sus padres ya han pagado impuestos de todo tipo durante su vida. Se debería establecer una exención o una tributación mínima para los herederos directos, especialmente cuando se trate de la vivienda habitual de sus padres, y reservar una mayor carga fiscal para las transmisiones de grandes patrimonios.

España necesita menos demagogia y más hechos. Menos enfrentamientos y más soluciones. Menos burocracia y más eficacia. Menos palabras y más cuentas claras.

Y sobre todo, necesita recordar algo elemental: el Estado no existe para que vivan mejor quienes gobiernan. El Gobierno existe para administrar el Estado al servicio de la ciudadanía. Gobernar no debería ser ocupar el poder.

Debería ser asumir una responsabilidad.

CONCHI BASILIO