En la Región de Murcia hablar de agua es hablar de agricultura, empleo, exportaciones, industria agroalimentaria y futuro. Por eso resulta difícil entender que, mientras aumenta la preocupación por los recursos de los que dispondrá nuestro regadío durante los próximos años, existan aguas almacenadas cuya asignación continúa generando quejas entre las comunidades de regantes.

Es el caso de las denominadas aguas de laminación.

Conviene explicar qué son. Cuando se producen lluvias intensas y avenidas, determinadas infraestructuras hidráulicas permiten retener temporalmente parte de esas aguas para reducir el caudal máximo que circula aguas abajo y disminuir así el riesgo de inundaciones. Esa es la función fundamental de la laminación: proteger poblaciones, explotaciones e infraestructuras.

Pero una vez desaparecido el peligro, parte del agua almacenada puede aprovecharse si las condiciones técnicas, ambientales y administrativas lo permiten.

Y aquí comienza una de las paradojas de la gestión del agua en la cuenca del Segura.

El pasado 11 de agosto, la Confederación Hidrográfica del Segura abrió oficialmente el procedimiento para asignar 1,48 hm³ de aguas de laminación: 1,36 hm³ almacenados en Los Rodeos y otros 0,12 hm³ en El Cárcabo. La propia resolución calificaba de urgente el desembalse de estas aguas y establecía que los recursos autorizados debían aprovecharse antes del 30 de septiembre de 2026.

Estamos hablando de 1.480 millones de litros de agua.

No solucionarán, evidentemente, el déficit estructural de la cuenca del Segura. Pero en una tierra donde cada metro cúbico cuenta tampoco deberían convertirse en un recurso atrapado entre expedientes administrativos.

Comunidades de regantes que solicitaron estas aguas vienen trasladando sus quejas por la falta de respuesta sobre las asignaciones. Hemos comenzado un nuevo año hidrológico y resulta difícil explicar que un procedimiento considerado urgente y destinado a utilizar el agua antes del 30 de septiembre pueda generar esta incertidumbre entre quienes solicitaron el recurso.

La pregunta es sencilla: si el agua está disponible y existen agricultores que la necesitan, ¿por qué no se consigue que llegue a tiempo?

El problema adquiere mayor dimensión cuando observamos el resto de los recursos de los que depende la agricultura del Levante.

El Trasvase Tajo-Segura afronta un escenario de menores disponibilidades ligado, entre otros factores, a la implantación progresiva de los nuevos caudales ecológicos del Tajo y a las futuras reglas de explotación. Las estimaciones sobre la reducción futura varían según qué factores se incluyan, por lo que conviene no simplificarla en una única cifra. Lo que sí parece evidente es que el Levante deberá afrontar un escenario diferente al conocido hasta ahora.

Y ante esa situación surge otra pregunta inevitable: ¿dónde están los recursos que deben sustituir al agua que deje de llegar?

Porque tampoco resulta sencillo recurrir a determinadas aguas subterráneas. Existen restricciones ambientales y administrativas para su explotación y los pozos de sequía están sometidos a unas condiciones concretas para poder entrar en funcionamiento.

Nadie debería defender una sobreexplotación indiscriminada de los acuíferos. Pero si existen infraestructuras estratégicas concebidas precisamente para afrontar situaciones extraordinarias, los agricultores deberían conocer con suficiente antelación cuándo podrán utilizarse y en qué condiciones.

La agricultura no puede planificarse esperando a que llegue una resolución administrativa cuando el cultivo ya está en el campo.

A todo ello se suma el eterno debate sobre el Tajo y Portugal.

El Convenio de Albufeira obliga a España, en condiciones ordinarias, a garantizar en Cedillo un caudal integral mínimo de 2.700 hm³ anuales hacia Portugal. Es importante hablar de mínimo, porque determinados años el volumen que atraviesa la frontera puede triplicar esa cantidad y que dejamos de utilizar en el Levante español

Esta situación nos permite formular una pregunta perfectamente razonable.

Una vez garantizadas las necesidades ambientales del Tajo, las demandas de su cuenca y los compromisos internacionales adquiridos con Portugal, ¿se ha estudiado suficientemente qué parte de los recursos excedentarios podría regularse y aprovecharse dentro de España antes de que desaparezca definitivamente la posibilidad de utilizarlos?

El problema es mucho más profundo: España necesita una política nacional del agua capaz de estudiar conjuntamente dónde están los recursos y dónde existen las necesidades.

Mientras discutimos cada hectómetro cúbico que puede atravesar el acueducto Tajo-Segura, tenemos comunidades de regantes reclamando aguas de laminación almacenadas, restricciones sobre determinadas aguas subterráneas, pozos de sequía condicionados administrativamente y alternativas que todavía deben demostrar que pueden sustituir en cantidad, precio y disponibilidad a los recursos que puedan reducirse.

A todo esto, hay que añadir que el trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo hasta el año 2027 debido a dos graves roturas por filtraciones estructurales detectadas a mediados de septiembre. Dichas obras tienen un plazo estimado de ejecución de entre 4 y 5 meses, pero seguro, serán muchos más.

Dicha reparación tiene un coste aproximado de 1.2 millones de euros, que por supuesto terminan pagado los regantes.

Y mientras todo esto sucede, ya estamos preparando el siguiente Plan Hidrológico.

El actualmente vigente corresponde al ciclo 2022-2027, pero la Confederación Hidrográfica del Segura trabaja ya en el cuarto ciclo de planificación 2028-2033.

Y precisamente entre los grandes asuntos que se están estudiando aparecen la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la implantación de los caudales ecológicos, la sostenibilidad del regadío, el Trasvase Tajo-Segura, la desalación, las sequías y la gestión del riesgo de inundaciones.

Quizás sea una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.

El Plan Hidrológico 2028-2033 debería responder con claridad a una cuestión fundamental: ¿con qué agua contará realmente la agricultura del sureste español durante los próximos años?

No basta con anunciar desalación si las infraestructuras necesarias no están disponibles cuando se necesitan. No basta con hablar de reutilización cuando Murcia ya realiza un enorme esfuerzo en este campo. No basta con disponer de pozos estratégicos si su utilización llega cuando la situación ya es crítica. Y tampoco parece razonable almacenar aguas procedentes de episodios extraordinarios para después encontrarnos con problemas para asignarlas dentro del periodo en el que podían aprovecharse.

Murcia necesita utilizar todos sus recursos de manera sostenible: Trasvase, desalación, reutilización, aguas subterráneas cuando sea ambientalmente posible, pozos de sequía en las situaciones previstas y aguas de laminación cuando puedan ser aprovechadas.

No se trata de elegir entre una fuente u otra.

Se trata de sumarlas.

Porque una cuenca estructuralmente deficitaria no puede permitirse despreciar ningún recurso técnicamente aprovechable.

Los 1,48 hm³ de Los Rodeos y El Cárcabo son pequeños frente a las grandes cifras de la planificación hidrológica española. Pero representan perfectamente un problema mucho mayor: la distancia que demasiadas veces existe entre tener agua y poder utilizarla.

Los agricultores no pueden decidir cuándo llueve. Tampoco pueden decidir los caudales ecológicos, las reglas del Trasvase o cuándo se autoriza un pozo de sequía.

Lo que sí pueden exigir a las administraciones es previsión, agilidad y planificación.

Porque Murcia no puede esperar a quedarse sin agua para empezar a buscarla.

La verdadera política hidráulica consiste precisamente en hacer lo contrario: garantizar hoy los recursos que necesitaremos mañana.

José García Martinez