Europa ha decidido proteger a su industria frente a productos fabricados fuera de la Unión Europea con menores costes ambientales. El principio parece razonable: si una empresa europea paga por sus emisiones de CO2, no resulta lógico permitir que otra situada fuera de nuestras fronteras fabrique con menores exigencias ambientales y compita con ventaja en nuestro mercado.

Para corregirlo nació el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC o CBAM), plenamente operativo desde el 1 de enero de 2026 y que afecta, entre otros sectores, a los fertilizantes.

Hasta ahí, parece lógico. El problema aparece cuando trasladamos ese mismo razonamiento al campo.

Europa protege al fabricante europeo de fertilizantes frente a la competencia exterior, pero el agricultor compra esos fertilizantes y puede terminar soportando parte del incremento de sus costes. Después tiene que vender sus lechugas, brócoli, pimientos, cítricos o melones compitiendo con productos agrícolas procedentes de terceros países cuyas estructuras salariales, energéticas, ambientales y regulatorias pueden ser diferentes.

Surge entonces una pregunta evidente: si Europa considera injusto que nuestra industria compita con productos fabricados sin costes ambientales equivalentes, ¿por qué no aplica con la misma contundencia ese principio cuando hablamos de agricultura?

La propia Comisión Europea reconoce la delicada situación. En abril de 2026, los precios medios de los fertilizantes nitrogenados se encontraban alrededor de un 70 % por encima de la media de 2024. La energía, la situación geopolítica y las expectativas relacionadas con la entrada definitiva del CBAM han contribuido a tensionar el mercado.

Y mientras el agricultor hace números, Europa continúa legislando.

El pasado 15 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó por 362 votos frente a 272, con 25 abstenciones, eliminar de su posición negociadora el artículo 27a, una salvaguardia que permitiría suspender temporalmente la aplicación del CBAM a determinados productos ante circunstancias excepcionales y graves alteraciones del mercado. Los fertilizantes podían beneficiarse de esa posibilidad.

Organizaciones agrarias como ASAJA y Unión de Uniones han criticado la decisión. Esta última ha reprochado expresamente a los eurodiputados socialistas españoles y a otros grupos de izquierda su apoyo a la eliminación de esa salvaguardia. PP y Vox votaron mayoritariamente en sentido contrario.

Los socialistas españoles se alinearon así con la posición defendida por su grupo europeo, S&D, uno de los impulsores del endurecimiento del mecanismo. Desde el PP se ha acusado además a los socialistas de anteponer la línea política asociada a Teresa Ribera a las necesidades del campo.

La cuestión, por tanto, sigue abierta durante las negociaciones europeas. Pero la pregunta permanece: si Europa reconoce que el precio de los fertilizantes puede poner en peligro la rentabilidad de las explotaciones, ¿por qué renunciar a una herramienta que permitiría reaccionar ante una situación excepcional?

La paradoja aumenta cuando observamos la respuesta de la propia Unión Europea.

Este verano se movilizaron 540 millones de euros de la reserva agrícola europea para apoyar a agricultores afectados por los elevados costes de fertilizantes y energía. A España le corresponden algo más de 50 millones.

Es decir: primero aumentan los costes que soporta el sistema productivo y después necesitamos dinero público para evitar que esos costes terminen asfixiando al agricultor.

Las ayudas de la PAC y las medidas extraordinarias pueden ser necesarias en momentos de crisis, pero una explotación agrícola no puede depender permanentemente de subvenciones para ser viable. Las ayudas alivian; la rentabilidad mantiene vivo el campo.

Y el fertilizante es solamente una parte del problema.

A él tenemos que sumar el gasóleo agrícola. Preparar el terreno, sembrar, tratar, recolectar o utilizar maquinaria necesita combustible. Cuando aumenta el precio del gasóleo no solamente se encarece el tractor: también aumentan determinados costes de transporte, suministros y servicios asociados a la explotación.

Un tractor no funciona con declaraciones de buenas intenciones.

A todo ello se añade ahora la inflación. El IPC español alcanzó en agosto el 4,3 % interanual, igual que en la Región de Murcia. El transporte registró un incremento del 9,5 %, especialmente condicionado por los combustibles, mientras los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,3 %.

El agricultor queda así atrapado entre dos presiones.

Por un lado, aumentan fertilizantes, combustible, energía, maquinaria, servicios, salarios y otros costes. Por otro, el consumidor pierde poder adquisitivo y paga más por llenar su cesta de la compra.

Y aquí conviene desmontar una idea demasiado extendida: que los alimentos suban en el supermercado no significa necesariamente que el agricultor gane más.

El productor no puede trasladar automáticamente cada subida de costes al precio que recibe por una lechuga, un limón o un brócoli. Entre el campo y el consumidor existe además una cadena de manipulación, almacenamiento, transporte y distribución que también soporta mayores costes.

Podemos llegar así al peor resultado: el consumidor paga más mientras el agricultor obtiene menos margen.

En la Región de Murcia este problema adquiere todavía mayor importancia.

Tenemos una agricultura extraordinariamente tecnificada y exportadora, capaz de producir con una enorme eficiencia en el uso del agua y de abastecer de frutas y hortalizas a buena parte de Europa. Pero tampoco podemos pedir milagros.

Fertilizantes. Gasóleo. Electricidad. Agua. Mano de obra. Maquinaria. Seguros. Fitosanitarios. Exigencias ambientales. Controles administrativos.

Todo suma.

Y después de asumir todos esos costes, nuestros agricultores tienen que competir en el mismo mercado con alimentos procedentes de terceros países que no necesariamente soportan obligaciones ambientales, laborales y regulatorias equivalentes.

No se trata de cerrar fronteras ni de afirmar que todos los productos extranjeros incumplen las normas. Se trata de una palabra que Europa utiliza con demasiada frecuencia pero que el campo lleva años reclamando: reciprocidad o clausula espejo

Si exigimos elevados estándares ambientales, laborales, sanitarios y de seguridad alimentaria a nuestros productores, debemos procurar unas condiciones de competencia comparables para aquello que importamos.

De lo contrario estaremos construyendo una contradicción difícilmente sostenible: protegemos a nuestra industria mediante un mecanismo de carbono, el agricultor soporta parte de los mayores costes de sus insumos, posteriormente concedemos ayudas públicas para compensarlo y finalmente le pedimos que compita en precio con producciones obtenidas bajo estructuras de costes diferentes.

Las ayudas no sustituyen a la rentabilidad.

Y detrás de todo esto existe una cuestión todavía más importante: la soberanía alimentaria europea.

Europa puede permitirse importar determinados productos. Lo que no debería permitirse es crear unas condiciones en las que producir alimentos dentro de sus propias fronteras deje progresivamente de ser rentable.

Porque cuando desaparece una explotación agrícola no desaparece únicamente una empresa. Se pierde producción, empleo, conocimiento, tejido rural y capacidad para producir nuestros propios alimentos.

Tenemos que proteger a nuestros agricultores, a nuestros consumidores y a nuestra capacidad para producir nuestros propios alimentos.

Y quizá haya llegado el momento de entender que sin agricultores no hay soberanía alimentaria, y sin rentabilidad no habrá agricultores.

José García Martinez