María Marín: "Exigimos que no se destine ni un euro público a que PP y Vox sigan con este ridículo para poder celebrar un rally en un Parque Regional protegido"; José Luis Álvarez-Castellanos: "Debería investigarse a través de la Fiscalía que una institución como la Asamblea Regional pretenda conseguir la celebración de un rally mediante la desprotección de un espacio natural"
La portavoz de la coalición parlamentaria Podemos-IU, María Marín, ha denunciado este lunes el "secuestro por la derecha y la ultraderecha" de la Asamblea Regional, después de que la propia Cámara esté en proceso, a instancias de PP y Vox, de personarse ante el recurso del Defensor del Pueblo admitido a trámite por el Tribunal Constitucional contra la ley autonómica aprobada en febrero que reduce los límites del Parque Regional de Sierra Espuña "para poder celebrar un rally que es totalmente ilegal".
"Esta Cámara debería representar a toda la ciudadanía, y exigimos que no se destine ni un euro público a seguir con este ridículo", ha subrayado Marín. La diputada de Podemos ha defendido que los parques naturales "no pueden modificarse a la carta por intereses privados", y ha esgrimido que la formación morada no va a dar "ni un paso atrás" en la protección de Sierra Espuña, "un patrimonio de todas y todos los murcianos".
Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha señalado que el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo y admitido por el Constitucional contra la reducción del parque viene precedido de una denuncia de Ecologistas en Acción al Ministerio Fiscal. "Debería investigarse a través de la Fiscalía que una institución como la Asamblea Regional pretenda conseguir la celebración de un rally mediante la desprotección de un espacio natural", ha expresado.
"No entendemos qué otra argumentación se puede poner encima de la mesa que no sea la que ya se ha puesto por parte de los Servicios Jurídicos de la Cámara, que declararon en su momento anticonstitucional la reducción del parque, o la jurisprudencia que ha expuesto el Defensor del Pueblo con este recurso", ha recordado Álvarez-Castellanos, aduciendo al carácter ilegal de la ley que se aprobó en febrero con los votos favorables de PP y Vox.