El Ayuntamiento ha comenzado los trabajos de limpieza y recogida de enseres en un solar de titularidad privada en Cabezo de Torres, tras comprobar los servicios de inspección de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente que su propietario no había cumplido con el requerimiento el pasado mes de marzo para hacerse cargo del mismo.
Una vez cumplimentados los trámites administrativos necesarios a cargo de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, de quien dependen las competencias del control y mantenimiento de los terrenos urbanos de naturaleza privada, se ha encargado a la empresa concesionaria su ejecución subsidiaria, con cargo por tanto al propietario.
Los trámites comenzaron en marzo con la orden de ejecución dictada al propietario de este solar privado y, tras comprobar el Servicio de Inspección dependiente de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente que no había cumplido con su retirada, se ha culminado en un decreto de encargo de ejecución subsidiaria, con conformidad del propietario, a una empresa para la limpieza y retirada de escombros del citado solar y que, debido a la gran superficie sobre la que actuar, los trabajos se acometerán durante un plazo estimado de una semana.
En los últimos cuatro años, gracias a la actuación del Ayuntamiento, se han limpiado casi 2.000 solares privados en el municipio. De ellos, 1.523 a cargo de los propios propietarios de forma voluntaria tras recibir el requerimiento, y 379 de forma subsidiaria por parte del Consistorio.
Estos datos reflejan que existe una creciente concienciación de los ciudadanos en esta materia, ya que cada vez son más los casos en los que los propietarios dan cumplimiento a las órdenes de ejecución, llevando a cabo ellos mismos la limpieza de estos solares.
Asimismo en la actualidad el Consistorio se encuentra a la espera de 68 autorizaciones judiciales para proceder a la limpieza de otros tantos solares de titularidad privada.
Estas actuaciones, así como las demoliciones de inmuebles en estado de ruina, se acometen a través de un contrato adjudicado a una empresa, con un desembolso anual máximo de 800.000 euros y que se ejecuta en su totalidad.