La antigua prisión provincial de Murcia, ha sido declarada definitivamente, tras culminar el expediente y aceptar las alegaciones presentadas por investigadores y el movimiento memorialista murciano, Lugar de Memoria Democrática. Así se recoge en la publicación de hoy del Boletín Oficial del Estado.
Se trata del primer espacio declarado Lugar de Memoria en la Región de Murcia por ser un símbolo de la represión del régimen franquista y en uno de los principales centros de internamiento de republicanos. Por esa prisión pasaron alrededor de 9.300 personas en condiciones de hacinamiento deplorables durante la dictadura franquista.
El secretario de Estado, Fernando Martínez, recuerda que “al menos 1.500 fueron víctimas condenadas a muerte, siendo fusiladas 520. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en las tapias del patio de la cárcel y en sus muros”.
Tal y como dispone el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, un Lugar de Memoria es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.
Martínez agradece al titular de esa infraestructura, el Ayuntamiento de Murcia, su colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; y la predisposición de a las asociaciones de memoria democrática, para que este enclave quede inscrito definitivamente en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, garantizando su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, con medidas de protección específicas. Medidas, añade el secretario de Estado, que “contribuirán a preservar el recuerdo, homenaje y reparación efectiva de todas las víctimas que fueron ejecutadas o sufrieron privación de libertad por motivos ideológicos o de otro tipo, incompatibles con nuestros valores democráticos”.
La función conmemorativa del edificio se materializará, con el mantenimiento y conservación de al menos un patio, que explique y visualice ese espacio vital de convivencia de los presos en una prisión masificada, la conservación de un tramo suficiente de muro Oeste y el muro Norte que permita visualizar su existencia perimetral, como vestigio de su carácter penitenciario, que recuerde que allí se produjeron ejecuciones, así como la conservación de espacios y vestigios significativos como el panóptico, la sección “vis a vis”, la campana de la cocina, o la mampara de los juzgados.
A ello se suma medidas de difusión, con la instalación de placas, paneles u otro distintivo memorial interpretativo y señalización de un punto de reconocimiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos allí perpetradas, para el conocimiento público de los hechos allí acaecidos, promoviendo las soluciones más vanguardistas audiovisuales y digitales.
En 1981 la antigua prisión provincial dejó de funcionar como centro penitenciario y quedó desde entonces como un lugar de recuerdo del terror de la represión franquista en la provincia y como un lugar, al mismo tiempo, de resistencia de los opositores al régimen dictatorial.