El Ayuntamiento de Murcia establecerá controles rigurosos para garantizar que no se producen retrasos a los trabajadores de la empresa que desempeñe el servicio de Ayuda a Domicilio. Para ello, incorporará al nuevo contrato la posibilidad de rescindirlo en caso de incumplimientos reiterados en los períodos de pago.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, presidida por el Concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, reunida esta mañana para aprobar las resoluciones acerca del expediente de este servicio.
Entre estas se encuentra la decisión de exigir a la empresa, “de manera inmediata”, que los pagos a los trabajadores, que actualmente se están retrasando, se realicen con arreglo a la ley y, por tanto, que no se produzcan retrasos. Con este objetivo el Ayuntamiento va a reclamar que presente un plan de pagos.
Además, los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en colaboración con los departamentos de Contratación y de Bienestar Social, elaborarán informes tendentes a comprobar si se ha producido algún incumplimiento de los planes de igualdad, formación, auditorías de calidad, informático y el seguimiento psicofísico de los trabajadores. De ser así, se estudiaría si pueden dar lugar a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.
Otro acuerdo alcanzado se refiere a la incorporación de nueva cláusulas en el pliego de condiciones del servicio que se está elaborando, puesto que está a punto de concluir el contrato actual. Martínez-Oliva ha explicado que las disposiciones pretenderán garantizar que se cumplan las cláusulas que aseguren la protección de los derechos de los trabajadores conforme al convenio de aplicación, lo que podría dar lugar a la rescisión del contrato en caso de incumplimientos reiterados de los períodos de pago.
De igual modo, ha quedado claro por los informes elaborados por Bienestar Social que la prestación que están recibiendo los usuarios actualmente se está prestando de forma adecuada y conforme al contrato firmado por la empresa y el Ayuntamiento.