El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ignacio Gras, considera que el Ayuntamiento de Murcia debe retirarse como acusación particular en el Caso Umbra "si no va a defender los intereses generales, ya que las diferentes informaciones y pronunciamientos del Ministerio Fiscal que conocemos sobre las actuaciones de los letrados municipales más parecen apuntar a que ejercen funciones de abogados defensores de los imputados en este asunto que de acusadores para restablecer los posibles perjuicios a las arcas públicas".

En concreto, el PSOE se refiere al hecho de que la abogada municipal ha solicitado el sobreseimiento de la pieza separada "Nueva Condomina' del caso Umbra, como respuesta a un auto del juez David Castillejos que confirmaba los indicios de delito del ex alcalde Miguel Ángel Cámara; el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y los ex funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y Joaquín Peñalver.

A juicio de Gras, "si los letrados municipales consideran que no deben sostener la acusación, no pueden seguir haciendo un uso inadecuado de la figura de la acusación particular. Ya tenemos experiencias recientes en casos de presunta corrupción, como el Gürtel o el caso Bárcenas, en los que un partido político, el Partido Popular, se personó como acusación particular, cuando en realidad ejercía de parte defensora de los imputados, que no eran otros que altos dirigentes y cargos públicos del PP".

Precisamente, el Grupo Municipal socialista dirigió hace una poco más de una semana un escrito al alcalde José Ballesta en el que recordaba que los letrados del Ayuntamiento están para defender el interés común, y no los intereses personales de los imputados, por lo que no pueden actuar como defensa de los mismos.

El portavoz municipal, y tras consultar a diversos juristas, considera que, presuntamente, lo que está haciendo la representación letrada del Ayuntamiento "no se corresponde con el contenido y la finalidad propios de una acusación en un proceso penal y más parece que estemos hablando de un fraude procesal". Por tanto, "si el Ayuntamiento no se ha visto perjudicado en este asunto, a juicio de esa representación, ¿por qué sigue personado como acusación particular? Esa es la pregunta que debemos hacernos", concluye Gras.