La Ley 27/2013 quitaba competencias en materia de Educación al Ayuntamiento y facilita este tipo de situaciones
El comienzo del curso escolar esta semana está poniendo de manifiesto una vez más el desprecio del PP hacia la Educación pública, dando lugar en pedanías a situaciones de altísima precariedad en las que ni siquiera lo más básico, tener unas infraestructuras adecuadas para la enseñanza, es proporcionado por el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Educación.
El olvido del PP de los barrios y, aún más, de las pedanías, se hace patente por enésima vez en el caso de los centros educativos, ya que los tres colegios que más sufren el abandono de las Administraciones públicas se encuentran en pedanías. "Los populares vuelven a mostrar que todo lo que no sea el centro de la ciudad no cuenta para ellos. Para el PP, en barrios y pedanías se encuentran los ciudadanos y alumnos de segunda categoría", afirma Alicia Morales, concejala y portavoz de AHORA MURCIA.
Así, centros escolares de Guadalupe, Sangonera la Verde y Casillas están mostrando estos primeros días de curso unas gravísimas deficiencias que dificultan, cuando no impiden, la correcta labor docente. Aulas prefabricadas sostenidas sobre tacos de madera y ladrillos, ausencia total de mobiliario y pizarras, falta de aseos y presencia de goteras son algunas de las sorpresas con que se han encontrado padres y alumnos, lo que está movilizando a las AMPAS a exigir medidas urgentes y a defender unos derechos que las Administraciones deberían asegurar sin necesidad alguna de movilizaciones.
AHORA MURCIA está en contra de que se distancien de las vecinas y vecinos los servicios y derechos básicos, entre los que se encuentra la Educación, ya que, como explica Morales, "alejar la gestión y competencias de las administraciones locales suele conllevar un deterioro de la calidad, una mayor lentitud en la reparación o mejora de los aspectos que exigen de una reparación urgente y un deterioro, en última instancia, del servicio ofrecido a los ciudadanos". En este sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, supuso un menoscabo de la calidad de la Educación municipal al alejarla del Ayuntamiento murciano.