Como explica el portavoz de la formación magenta en la sesión plenaria, Rubén Juan Serna, la figura del aforamiento "carece de sentido en las democracias modernas, una vez asentado el principio de la separación de poderes y el de la independencia del poder judicial"

La mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, conformada por el grupo 'popular', ha rechazado la iniciativa presentada por Unión Progreso y Democracia para acabar con el "privilegio innecesario" que supone el aforamiento de políticos y cargos públicos, y con los votos a favor de PSOE e IU-Verdes.

Esta iniciativa de UPyD Murcia parte tras la petición del alcalde, Miguel Ángel Cámara, de ser designado por su partido como senador autonómico y pasar así a ser aforado, lo que resultaría en ser juzgado por un tribunal de Justicia diferente al que ahora está encargado del 'caso Umbra'.

Como explica el portavoz de la formación magenta, Rubén Juan Serna, la figura del aforamiento "carece de sentido en las democracias modernas, una vez asentado el principio de la separación de poderes y el de la independencia del poder judicial".

Así, UPyD defiende llevar a cabo las reformas legales necesarias a fin de eliminar los distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos, algo rechazado por los votos del PP.

"Nuestra propuesta en el Pleno ha sido muy sencilla, simplemente instar al Gobierno a terminar con el privilegio que hasta ahora mantienen desde diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, autonómicos, hasta presidentes de diferentes órganos y consejos".

UPyD considera necesario eliminar esta anomalía, ya que actualmente en España existen alrededor de diez mil personas aforadas, caso único dado que, por ejemplo en Francia sólo el Presidente de la República, el primer ministro y el resto del gobierno lo son; en Portugal y en Italia sólo sus respectivos jefes de Estado; y en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, no existe la figura del aforamiento.

Igualmente, la formación magenta considera necesario que se revise esta "anomalía" del ordenamiento, del mismo modo que considera clave para la regeneración democrática una mayor regulación en los indultos, la tipificación de delitos como la financiación ilegal, la despolitización de la justicia y de los órganos de supervisión y control, una auténtica ley de transparencia o la exclusión de los acusados por corrupción de las listas electorales.