Además les obligan, en pleno mes de agosto, a retirar el sistema de refrigeración y, si en el plazo de un mes tras recibir la notificación no lo han desinstalado, será la administración la encargada de hacerlo aplicando una multa de 600 euros en concepto de restablecimiento de la legalidad

El edil del Grupo Socialista José Zapata manifiesta que el PP de La Glorieta no ha encontrado mejor momento para seguir estrujando el bolsillo de los murcianos que en pleno verano al imponer multas que oscilan entre los 400 y 800 euros por máquina a todas las personas que tengan instalados compresores de aire acondicionado en las fachadas de sus viviendas.

Lo más llamativo –señala Zapata- es que el Gobierno local inicia el procedimiento sancionador a viviendas que disponen de estas instalaciones desde hace más de seis años, amparándose en ordenanzas aprobadas a finales de 2008 sobre edificación y uso del suelo y de 2011 sobre protección de la atmósfera.

Vecinos del municipio se han dirigido al Grupo Socialista buscando asesoramiento sobre este nuevo envite económico del PP, al que hay que sumar el resto de subidas de tributos realizadas hasta el momento, tales como el IBI, el sello del coche, los vados, las ampliaciones de la ORA, el agua, la luz, los incrementos en el precio de las escuelas infantiles y de las instalaciones deportivas públicas y, de inmediato, el IVA.

"Subidas incesantes y sistemáticas de precios, impuestos y tasas que están afectando a la vida cotidiana de miles de familias murcianas, la mayoría de ellas con menos sueldo y otras muchas sin empleo", denuncia Zapata, quien, en este sentido, por esta nueva sanción, se trata cita como ejemplo el caso de uno de los vecinos afectados de un parado de larga duración, con cuatro hijos, que tiene su instalación de aire acondicionado hecha desde hace más de 12 años.

A juicio del Grupo Socialista, lo sensato habría sido que cuando se aprobaron las ordenanzas se hubiera comunicado a los vecinos afectados que estaban incumpliendo la normativa, estableciendo plazos razonables para su acondicionamiento. De esta forma –finaliza Zapata- con la mitad del dinero que el Ayuntamiento exige ahora en concepto de sanción, los ciudadanos podrían haber adecuado sus instalaciones para no generar molestias y asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.