La edil del PSOE Susana Hernández propondrá en el Pleno de este jueves al PP que apueste por la adopción de medidas encaminadas a la inserción laboral y social de las personas con discapacidad intelectual.

Entre ellas destaca la obligatoriedad de que el Ayuntamiento reserve un tanto por ciento del importe de los contratos públicos a entidades de carácter social, en concreto a centros especiales de empleo, donde el 70% de los trabajadores son discapacitados.

En el caso de adoptarse esta medida –explica Hernández- seríamos el primer consistorio de toda España que lo tendría como norma, sólo la comunidad de Navarra lo incluye en el artículo 9 de su Ley foral de contratos públicos.

Además, continúa la concejal del PSOE, dentro de los pliegos de condiciones de los servicios que oferta el Ayuntamiento a concurso público deberían incluirse cláusulas sociales para que, en igualdad de condiciones entre dos empresas que concurren al concurso, se adjudique a aquella que tenga acreditada buenas prácticas de responsabilidad social en relación a la discapacidad.

Igualmente, los socialistas apuestan porque en la oferta de empleo público del Ayuntamiento se aplique el decreto regional del 2011 que estipula que un 2% de las plaza convocadas deberán reservarse a discapacitados intelectuales en aquellos puestos que puedan desempeñar, porcentaje que hay que añadir al 5% que ya está reservado a personas con más de un 33% de discapacidad.

Para definir qué puestos de trabajo pueden desarrollar estas personas con discapacidad intelectual, Hernández propone la creación de una comisión en la que estén presentes todos los grupos políticos y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.

"Esperamos que el alcalde Cámara comparta con nosotros estas propuestas en apoyo a personas con este tipo de disparidad y apruebe estas medidas, porque este colectivo lo está pasando también muy mal con una tasa de paro que ronda el 60 por ciento", finaliza.