El portavoz del PSOE, Alfonso Navarro, exige al alcalde Cámara que asuma su responsabilidad y que, velando por el interés de los murcianos y por la credibilidad de la institución, aparte inmediatamente de sus funciones de forma definitiva al director de la Gerencia de Urbanismo, sobre el que el juez ha dictado prisión eludible con fianza de 70.000 euros; y proceda al cese del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y máximo responsable de Urbanismo, Fernando Berberena, imputado en este proceso judicial

El portavoz socialista, Alfonso Navarro, asegura que, más allá de las responsabilidades penales que se pudieran concluir respecto a funcionarios y políticos dentro de la Operación Umbra, en este caso, de presunta corrupción urbanística, "la responsabilidad política última es del alcalde de Murcia puesto que, tanto técnicos como políticos, fueron libremente designados e incluidos en listas electorales por vía de la confianza de Cámara, quien es el último responsable de la gestión que se desarrolla en la Gerencia de Urbanismo".

No pueden mostrarse ajenos

"Ni el concejal Berberena ni el alcalde son ni pueden mostrarse ajenos a la evolución, decisiones y actuaciones disparatadas de la Gerencia de Urbanismo en los últimos años, es más, ellos por acción, permisión u omisión han sido los actores principales en este proceso de degradación de esta institución", afirma Navarro.

Debe asumir su responsabilidad

Existen motivos más que sobrados -subraya- para exigir a Cámara que asuma de una vez por todas su responsabilidad y que, velando por el interés de los murcianos y por la credibilidad de la institución, aparte inmediatamente de sus funciones al director de la Gerencia de Urbanismo, sobre el que el juez ha dictado prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros; y proceda al cese del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y máximo responsable de Urbanismo, imputado en este proceso judicial.

Degradación de la Gerencia

Por otra parte, el Grupo Socialista valora negativamente la escalada de movimientos que se ha venido produciendo en la Gerencia de Urbanismo a lo largo de los últimos años.

Desde antes de la aprobación definitiva del PGOU (en 2001), esta institución ha sido y sigue siendo el centro de la diana tras los continuos desfiles de altos funcionarios y técnicos. El primero en apartarse fue el jefe del servicio de Planeamiento, Pedro Pina, quien ocupando este cargo presentó alegaciones en contra del Plan General aprobado por el PP, siendo expedientado y apartado de su puesto.

Con la aprobación del convenio de la Nueva Condomina se produce la dimisión del por aquel entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, sustituido por la actual concejal de Personal, Pilar Megía. A ésta le reemplaza quien, en la actualidad, ostenta dicha competencia, Fernando Berberena.

Así mismo, a Pedro Pina le sustituyó por libre designación del alcalde, el arquitecto Joaquín Peñalver, quien pide excedencia en 2006. Está imputado en dos de los casos judiciales abiertos en juzgados penales por corrupción urbanística (Operación Barraca y Umbra).

Se da la circunstancia, además, de que en los cinco convenios aprobados para la zona norte, figuraban informes técnicos de Peñalver que hacían referencia a la valoración económica de los terrenos, cuando éste es un asunto exclusivo de otro servicio de la Gerencia, en concreto, del de Gestión Urbanística.

Producida la marcha del anterior gerente, Pedro Morilla, éste es sustituido por Alberto Guerra, detenido el pasado martes y sobre el que el juez ha dictado prisión eludible con fianza de 70.000 euros.