U+LV cree que es obligación del alcalde proceder de igual modo con todos los vecinos del municipio afectados cuyos terrenos y viviendas se vean afectados por obras ya sean estas de infraestructuras o de planes urbanísticos, dependan de la administración que dependan.

Por eso, este grupo considera que el apoyo jurídico, institucional y político del Ayuntamiento de Murcia a los afectados por la autovía del Reguerón debería extenderse también a los afectados de los planes urbanísticos a los que se está practicando valoraciones a la baja privándoles en muchos casos de su vivienda habitual y por un importe que no les permite adquirir otra.

Sirva de ejemplo las tasaciones realizadas en el Plan Especial PM-Mc-02 , de suelo urbano en Senda de Granada, o las del Plan Parcial Zm-Pn7, suelo urbanizable en el Puntal, en el entorno de Juan Carlos I, en los que el metro cuadrado de vivienda se paga entre 245€ y 300€ y el desalojo a 36.000€.

Es decir que una familia que tuviera una vivienda de cien metros en uno de estos planes está obteniendo unos treinta mil euros por la misma. Si además vive en ella y hay desalojo entre lo que le dan por la casa y la compensación llega a los 66.000€, cantidad que dista mucho del precio que se tiene que pagar por las viviendas de realojo, no digamos ya por una vivienda libre.

Así pues Herguedas propone a Cámara que también apoye a estos ciudadanos, muchos de los cuales ven vulnerados de forma grave un derecho fundamental como es el de la vivienda por la avidez de la especulación urbanística mientras el Ayuntamiento mira para otro lado y aprueba estas tasaciones.