El Consejo Social de la Universidad de Murcia ha pedido hoy a los poderes públicos que “examinen de forma rigurosa el cumplimiento de todos los requisitos legales previamente a la autorización de enseñanzas a las universidades privadas”.

El acuerdo añade que ese control debe ser especialmente seguido en lo que se refiere a los medios personales y materiales, como el número de doctores precisos para impartir las titulaciones, las exigencias de calidad, la dedicación y horarios de trabajo, la infraestructura en general y prácticas suficientes”.

El Consejo ha reclamado también que la financiación de las titulaciones impartidas por las universidades privadas “se lleve a cabo exclusivamente con recursos privados, sin que se destinen a este fin recursos públicos”.

Igualmente se demanda que se garantice la “prioridad de los alumnos de la Universidad de Murcia en la utilización de los servicios e infraestructuras públicos necesarios para cumplimentar sus estudios, especialmente en lo relativo a su formación práctica”.

“En este sentido –añade el acuerdo- el Consejo Social solicita se pongan a disposición de los alumnos de esta Universidad las instalaciones sanitarias necesarias para garantizar los actuales niveles de calidad, sin que se pueda poner en peligro el acceso a los mismos por la firma de convenios entre el Servicio Murciano de Salud y otras instituciones universitarias”.

Finalmente, reitera de las administraciones “el mayor apoyo presupuestario en favor de la Universidad de Murcia y, en particular, en las enseñanzas del ámbito sanitario, en forma tal que el principio de igualdad respecto a su financiación, comparada con la de otras universidades públicas españolas, quede plenamente garantizado con la finalidad de conseguir la excelencia”.

Durante el pleno del Consejo, celebrado en Convalecencia, se aprobó la creación de la empresa mixta “Accesium Technology, S.L.” y varios convenios de colaboración.

Igualmente, el rector, José Antonio Cobacho, en su informe, se refirió al anunciado recorte de los presupuestos, que, según ha informado la Comunidad Autónoma, se elevará a 1,1 millones de euros.