Región

IU pide reformar la Ley del Suelo para crear una nueva política urbanística

El coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, ha instado hoy al Gobierno autonómico a que reforme la Ley del Suelo con fin de sentar las bases de una nueva política urbanística en la que la administración pública actúe como promotor y prime los intereses colectivos frente al beneficio particular.

En rueda de prensa, Pujante ha destacado la necesidad de crear una política urbanística que ayude a frenar la "pretensión" del PP por "recuperar" un modelo socioeconómico "fracasado" que apuesta por la urbanización de zonas de alto valor ambiental, como Marina de Cope (Águilas) y la zona anexa al parque de Calblanque (Cartagena).

Así mismo, ha propuesto la creación de una Ley de Vivienda y un parque regional conformado por viviendas adquiridas por la Comunidad Autónoma a las Cajas de Ahorros por debajo de su precio real, lo que, a su juicio, "servirá para dar salida al stock de unidades sin vender y responderá a una demanda social".

Ha abogado por el impulso del sector de la construcción desde la perspectiva de la sostenibilidad y, en este sentido, ha solicitado la creación de un plan Renove para la rehabilitación de edificios públicos y privados con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los mismos, lo que supondrá un ahorro para el Gobierno regional.

Sobre la figura del convenio urbanístico, Pujante ha dicho que "en teoría" se trata de un recurso cuyo uso es excepcional pero se ha convertido en "la regla", tras remarcar que su potestad debería ser de la administración pública y preguntarse qué ha pasado con los convenios firmados antes de la crisis.

PACTO CONTRA LA CRISIS

El dirigente de la federación de izquierdas ha subrayado que no cree en "pactos técnicos" y sí en propuestas concretas que defiendan los intereses de los trabajadores como la puesta en marcha de una reforma fiscal que grave las rentas más altas por medio de la recuperación del impuesto de Patrimonio.

Además, ha apostado por el aumento de la plantilla de inspectores de Trabajo para paliar el fraude fiscal y la economía sumergida, así como un incremento de la inversión pública.

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