IU+LV ha solicitado en la Asamblea regional que el consejero de Educación, Constantino Sotoca, informe por escrito sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica en el colegio San Antonio de Padua, en Murcia, desde el pasado septiembre, cuando se comprometió a tutelar el centro.

La portavoz de IU+LV en el ayuntamiento de Murcia, ha señalado que esta iniciativa, que se suma a la petición que ya formuló IU+LV el pasado 4 de noviembre y que todavía no ha sido contestada, se interesa además por las previsiones del Ejecutivo regional ante la inminente subasta del derecho de superficie del colegio.

Herguedas ha indicado que “es injustificable la dejación e inactividad de la consejería, que no hace sino aumentar el estado de confusión sobre las situación del centro”, tras recordar que "incluso se ha negado el derecho de los padres a recibir explicaciones, como ocurrió cuando éstos se entrevistaron con la directora general de centros, María José Jiménez".

"La consejería no ha aportado ninguna solución que garantice la viabilidad del centro, y con su actitud sigue engordando un problema que ella misma creó con sus irregularidades al adjudicar a las empresas de la familia Saura el concierto educativo por tres años, pese a que no se disponían de las autorizaciones de apertura y funcionamiento del centro".

A su juicio, "de seguir así, la consejería persistiría en lo que parece un trato de favor hacia esta familia".

La edil ha apuntado también que "la condescendencia se extiende a la administración municipal pues a pesar de que los plazos se han sobrepasado sobradamente, no ha ejecutado medidas coercitivas para hacer efectivo el cobro de los 500.000 euros que todavía se le deben por el derecho de superficie".

Asimismo, ha señalado que “la única solución del problema pasa porque la Administración asuma por completo la propiedad del centro educativo y de esta manera se subsane el caos de escolarización de la zona, donde faltan plazas escolares en todos los niveles".

“Ya es hora de que consejería y ayuntamiento defiendan los intereses del conjunto de la ciudadanía y no los de las empresas que convierten el Derecho a la Educación en un negocio”, ha concluido.