La reunión que ha celebrado esta mañana la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias -de la que es miembro el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara- con el Presidente del Gobierno ha concluido "sin respuestas concretas a las demandas planteadas por los alcaldes".

En concreto, los representantes de los Gobiernos Locales han planteado la necesidad de que se apliquen a los ayuntamientos los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque "no existen argumentos para negar a las corporaciones locales el mismo trato que a las comunidades autónomas y a la administración del Estado".

Asimismo, los alcaldes han defendido la vital importancia que en 2009 se recupere el nivel de transferencias recibido por los ayuntamientos en 2008 procedentes del Estado.

Sobre ambas demandas esperan recibir respuesta del Gobierno en los próximos días, así como de las cinco exigencias aprobadas por la FEMP:

1º Mantener los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva a las Entidades Locales, como mínimo en los mismos términos y cantidades contemplados en los PGE 2008.

2º Conseguir que se aplique el 98% (en lugar del 95% como hasta ahora) de lo que les corresponde a los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, en concepto de entregas a cuenta con el mismo criterio que se les está aplicando a las Comunidades Autónomas.

3º Creación de un fondo de nivelación, de entre 70 y 80 millones de euros, destinado a los municipios de menos de 75.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.

4º Aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con igual tratamiento a Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales.

5º Modificación de la base imponible del Impuesto de Plusvalías conforme a valores homogéneos similares a los utilizados en impuestos autonómicos.

El Gobierno se ha comprometido a estudiar la reforma de la financiación local de forma simultánea y vinculada a las comunidades autónomas, así como a la elaboración de un nuevo Estatuto del Gobierno Local.

En la reunión, sobre la que no se han obtenido respuestas concretas, el Gobierno ha explicado el decreto de medidas coyunturales de impulso al empleo a través de los ayuntamientos, por un importe global de 8.000 millones de euros, distribuidos en función de la población.