Murcia, 3 jul (EFE).- Ecologistas en acción exigió hoy a la consejería de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible y al ayuntamiento de Murcia que "cumplan con su responsabilidad y controlen la gestión de la empresa Cespa, que incumple todas las directrices europeas en gestión de basuras".
Así lo manifestó esta tarde Joaquín Pastor, portavoz de esta organización, ante casi un centenar de asistentes a una concentración de protesta en el jardín de San Esteban, de Murcia, con el lema "Un éxito de todos, un fracaso de Benito Mercader", en referencia al consejero.
"La ciudadanía se ha concienciado con el reciclaje y la administración está tirando a la basura ese trabajo", puesto que no separa ni cartón, ni plástico, ni metal, ni vidrio ni basura orgánica en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Ulea, según Pastor.
Este portavoz aseguró que las imágenes del reportaje que el programa de televisión "Caiga quien caiga", de La Sexta, emitió sobre la empresa recientemente, en el que se ve cómo no se separan las basuras, se prohíbe la entrada a los reporteros a las plantas de Cañada Hermosa y Ulea, e incluso a uno de los responsables de una de ellas huyendo monte arriba, "no se pueden manipular".
Pastor contestaba así al director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial Servicios, grupo empresarial al que pertenece Cespa, Vicente Galván, que acusó hoy en rueda de prensa a los ecologistas de mantener "una campaña de manipulación y difamación",
"Es la única defensa que tiene Cespa, porque se le han visto las vergüenzas en toda España", señala Pastor.
El consejero Mercader, presidente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región, que agrupa a los 45 municipios, "es el responsable final de velar por que en esa entidad se hagan las cosas bien"
"La clave de este problema está en el dinero, pues Cespa gestiona el 80 por ciento de las basuras de la Región y no realiza su trabajo, así que tiene una cuenta de resultados muy buena", afirma.
Pastor apuntó que la empresa tiene seis sanciones administrativas, "las últimas de 45.000 y 17.000 euros por faltas muy graves". EFE