La Autoridad Funcional en Ceuta desestima un requerimiento previo de la ciudad autónoma y detalla las actuaciones desplegadas en materia de seguridad, espacios reglados, desalojos, triajes y agilización de trámites para el retorno de la mayoría de los migrantes.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado respuesta al requerimiento previo presentado en septiembre por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en relación con la actuación de la Administración General del Estado (AGE) tras los hechos ocurridos en los días 30 y 31 de julio.

Aunque la no respuesta del Gobierno de España se consideraría ya de por sí desestimatoria, se ha remitido una resolución a la ciudad autónoma. Dicha resolución considera que no existe la inactividad a la que hace alusión el máximo responsable del Gobierno de la ciudad, puesto que las actuaciones reclamadas "ya se encuentran iniciadas y en curso". Asimismo, la respuesta al requerimiento explica que estas actuaciones "han permitido reducir drásticamente la presión inicial y mantener el orden público en la ciudad".

Además, ahonda en que la propia declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, aprobada por el Gobierno, permitió establecer una estructura de coordinación reforzada para abordar la crisis y articular una respuesta integral de la AGE, que "es ya una prueba manifiesta de que no se ha producido inactividad" por parte de los servicios dependientes del Gobierno de España.

Por ello, el Ministerio desestima el requerimiento, al tiempo que comunica al Gobierno de la ciudad las medidas adoptadas por los distintos departamentos ministeriales y organismos estatales. Acciones emprendidas por el Gobierno de España que han permitido que, desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre, hayan retornado más de 12.700 personas a Marruecos y que la mayoría de los migrantes adultos que permanecen en la ciudad se encuentren en recursos habilitados por la AGE. Además, los grandes asentamientos en el litoral (Trampolín, Benítez y Guano) ya han sido completamente desalojados, al mismo tiempo que se continúa actuando en el desalojo de espacios dispersos en zonas urbanas.

Un apartado de la resolución de la Autoridad Funcional explica que, desde comienzos de agosto, la AGE quiso disponer de espacios acotados consensuados con la ciudad autónoma. Unos de los espacios consensuados fueron las parcelas del puerto que, a pesar de formar parte del ofrecimiento inicial de la ciudad, posteriormente encontraron dificultades planteadas por la Autoridad Portuaria, que retrasaron su puesta en marcha.

El escrito del Gobierno de España insiste en que disponer de esos espacios (con más de 7.400 plazas en la actualidad) y levantar los grandes asentamientos de migrantes han sido medidas "ágiles, efectivas y necesarias" que han generado un mayor volumen de retornos de personas adultas.

El documento detalla más medidas de refuerzo de la seguridad, para habilitación de espacios reglados, para una mayor dotación de medios centrados en filiaciones y triajes y agilización al máximo de los expedientes.

Los migrantes no se pueden "expulsar" sin un proceso garantista

El Gobierno recuerda en su respuesta la obligación de respetar las garantías legales en esta crisis migratoria. En relación con la petición de resolver en el plazo de un mes todos los expedientes de expulsión, devolución o retorno y las solicitudes de protección internacional, el Ministerio recuerda que su tramitación debe ajustarse a los plazos, trámites y garantías previstos en la normativa española y europea.

La resolución señala que estos procedimientos "requieren una valoración individualizada" y que "no resulta procedente imponer un plazo general que prevalezca sobre el establecido por la legislación aplicable".

Apoyo a la ciudad en sus competencias: Menores

En la respuesta al requerimiento se explica que las personas que hasta ahora han retornado a Marruecos son mayores de edad, competencia de la AGE, y que la competencia ordinaria en materia de menores de edad no acompañados corresponde a la ciudad autónoma, recordando que "ninguno de ellos ha podido ser, hasta la fecha de hoy, reagrupado en Marruecos".

El documento del Ministerio hace balance asimismo de las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes en la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y el apoyo a la ciudad autónoma en esta competencia.

En este ámbito, se ha mantenido también una colaboración permanente con los servicios de Ceuta, además de brindar un apoyo adicional que se ha traducido en 88 millones de euros para la atención de menores.

Por un lado, en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia del 27 de agosto, acordó un crédito de 25 millones de euros para financiar en 2026 la acogida a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Ceuta.

A ello se añade el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes de Carácter Social y Económico, aprobado el 1 de septiembre, en el que se contemplaban 63 millones de euros de apoyo directo a la ciudad autónoma para atención de menores. En ese real decreto ley se incluían los 2 millones de euros para la contratación, por parte de la ciudad autónoma, de los representantes del menor, figura indispensable en la nueva normativa europea para los procedimientos relacionados con los menores.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia