VALORES ha registrado ante la Presidencia del Gobierno una comparecencia institucional preventiva ante el anuncio de que el Consejo de Ministros pretende aprobar nuevos reales decretos-leyes en materia de vivienda tras la reciente derogación parlamentaria de los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026.

La formación, representada por su presidente nacional, Alfonso Galdón, ejerce además el derecho fundamental de petición y solicita que el escrito sea incorporado a los antecedentes de elaboración de las nuevas disposiciones y trasladado con carácter urgente a los departamentos competentes.

VALORES recuerda que el Congreso de los Diputados acordó el pasado 2 de octubre la derogación de los dos reales decretos-leyes y considera que ese pronunciamiento parlamentario debe ser tenido en cuenta ante cualquier intento de recuperar sus medidas.

El partido no sostiene que el Gobierno tenga prohibido volver a legislar sobre vivienda, pero advierte de que cualquier nuevo decreto-ley deberá cumplir por sí mismo las exigencias constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad. VALORES reclama que se expliquen las diferencias sustantivas entre los nuevos textos y los derogados y qué objeciones se consideran corregidas.

«No cuestionamos la necesidad de proteger a las familias vulnerables. Lo que rechazamos es que esa protección pueda trasladar de manera desproporcionada a pequeños propietarios y familias particulares una responsabilidad que corresponde también a las Administraciones públicas», señala Galdón.

VALORES pide que las nuevas medidas evalúen específicamente sus consecuencias sobre familias, jóvenes, mayores, pequeños propietarios, comunidades de propietarios y oferta de alquiler, y que cualquier protección de personas vulnerables disponga de recursos públicos suficientes, mecanismos de alojamiento y, cuando proceda, compensaciones.

Valores reclama asimismo seguridad jurídica para los contratos y procedimientos en curso y especial cautela ante posibles suspensiones de procedimientos o lanzamientos, que deberán respetar la tutela judicial efectiva y la ejecución de las resoluciones judiciales.

Petición también dirigida al Congreso.

El escrito solicita igualmente su traslado a la Presidencia del Congreso de los Diputados y, cuando corresponda, a la Diputación Permanente y a los grupos parlamentarios antes de cualquier debate de convalidación.

VALORES solicita que, si los nuevos decretos reproducen las medidas cuestionadas sin solucionar las objeciones jurídicas planteadas o sin justificar suficientemente su utilización como legislación de urgencia, los diputados voten contra su convalidación.

Subsidiariamente, si fueran convalidados, el partido plantea que las reformas estructurales sean tramitadas como proyectos de ley para permitir un examen parlamentario más completo y la participación de los sectores afectados.

VALORES ampliará su actuación cuando se publiquen los decretos.

La actuación registrada tiene carácter expresamente preventivo, ya que los nuevos textos todavía no han sido publicados. Por este motivo, VALORES ha anunciado que, una vez conozca oficialmente su contenido, podrá ampliar su escrito identificando los artículos, efectos y objeciones jurídicas concretas.

Asimismo, el partido se reserva acudir al Defensor del Pueblo, promover el control constitucional a través de los sujetos legitimados y ejercer las actuaciones que correspondan frente a las disposiciones o actos de aplicación.

«El Gobierno puede volver a legislar, pero un decreto-ley no puede convertirse en un mecanismo para sortear sin más un pronunciamiento parlamentario. Si se recuperan estas medidas, exigiremos que se justifique jurídicamente su urgencia, su proporcionalidad y su respeto a la Constitución», concluye Alfonso Galdón.