El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha presentado un requerimiento urgente ante el Ayuntamiento de Ojós y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia para solicitar la suspensión preventiva de la denominada "cohetada" o "Gran Cohetada", prevista para el próximo 28 de agosto con motivo de las fiestas de San Agustín.
Según recoge el escrito, en 2023 se difundió que, durante la celebración, se lanzaron 18.000 cohetes en unos veinte minutos, seguidos de un castillo de fuegos artificiales y ante alrededor de 3.000 personas. Para 2024, una publicación en redes sociales llegó a anunciar 21.000 cohetes, una cifra que la formación política pide que sea comprobada oficialmente.
Riesgo de incendio y afección ambiental
El partido advierte de los riesgos asociados al lanzamiento masivo de pirotecnia en pleno verano, con altas temperaturas, vegetación seca y posibilidad de un elevado riesgo de incendio forestal, y señala además la sensibilidad ambiental del Valle de Ricote y la proximidad a la ZEPA Sierra de Ricote y La Navela, por lo que solicita evaluar los posibles efectos del ruido, los destellos, el humo, las partículas y la caída de restos sobre la fauna y los hábitats.
Entre las especies cuya posible afección pide analizar se encuentran el halcón peregrino, el búho real y el águila perdicera.
Seguridad, personas vulnerables y animales
El requerimiento exige conocer el emplazamiento de los lanzamientos, sus trayectorias previstas, zonas de caída y las distancias de seguridad respecto a viviendas, carreteras, público, vegetación y terrenos forestales, además de los planes de evacuación, medios de extinción y protocolos de emergencia anticipados.
Reclaman que se valore el impacto de una detonación masiva de cohetes sobre personas con autismo, discapacidad, hipersensibilidad acústica, cardiopatías u otras condiciones de especial vulnerabilidad, así como sobre animales de compañía, que pueden sufrir episodios de miedo, desorientación, huida o lesiones.
PACMA exige una decisión antes del 28 de agosto
Ante la proximidad de la celebración, PACMA pide una resolución expresa a su denuncia antes del 28 de agosto y que, mientras se comprueba la legalidad y seguridad del evento, se paralicen las actuaciones dirigidas a ejecutarlo.
El partido sostiene que una suspensión o aplazamiento es reversible, mientras que no lo son los efectos de las detonaciones, un eventual incendio o los posibles daños sobre personas, animales y espacios naturales.