España continúa siendo un punto de referencia en cuanto a la frontera sur exterior de la Unión Europea tanto en la migración como en el asilo. La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y la transición hacia la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo marcaron 2025.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) ha presentado su Informe Anual de 2025 en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España. Los datos reflejan que las solicitudes de protección internacional alcanzaron las 144.396 en 2025, experimentando un ligero descenso respecto a 2024 (167.366). A pesar de las cifras, continúa la tendencia creciente, que ha colocado a España como tercer país de la UE en número de solicitudes, con el 17% del total.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha abierto el acto de presentación del Informe, ha afirmado que "las solicitudes de protección internacional registradas en 2025 nos sitúan en la primera línea de la gestión operativa europea, y consolidan la tendencia creciente de personas que buscan protección en nuestro país".

Del análisis del conjunto de solicitudes de asilo tramitadas, se desprende que las cuatro primeras nacionalidades son Venezuela, Malí, Colombia y Perú.

Además, en 2025 se concedieron 7.838 estatutos de refugiado, principalmente a nacionales de Nicaragua, Colombia, Afganistán y Honduras.

España continúa siendo un punto de referencia en cuanto a la frontera sur exterior de la Unión Europea tanto en la migración como en el asilo.

El año 2025 estuvo marcado por la plena entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 1155/2024 y por la transición hacia la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Nuevo Reglamento de Extranjería

Uno de los hitos de 2025 fue la entrada en vigor en mayo del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, cuyo impacto ha sido muy positivo. Las solicitudes de autorizaciones de residencia aumentaron en cerca de un 50% (de 495.000 solicitudes presentadas hasta el 20 de mayo de 2025, a 724.000 solicitudes presentadas a 31 de octubre).

Además, 95.000 personas regularizaron su situación por alguna de las vías de arraigo y se presentaron 102.000 solicitudes de residencia para familiares de ciudadanos españoles, así como 93.000 solicitudes por estudios.

Mercado de trabajo

Respecto a la situación de la población de nacionalidad extranjera en el mercado de trabajo, los datos apuntan a que la ocupación de personas migrantes y españolas es complementaria, no competitiva. La población extranjera se emplea en los grupos de ocupación donde retrocede la española y muchos eligen el autoempleo. Su actividad laboral se encuadra en sectores como los cuidados del hogar, agricultura y ganadería, construcción, confección y los servicios de alojamiento.

Entre las recomendaciones del Informe del FISI destaca la necesidad de adoptar medidas para evitar que la complementariedad laboral inicial se convierta en estructural, fomentando la formación en ocupaciones donde la población extranjera está infrarrepresentada.

La tasa de sobre cualificación entre los migrantes extracomunitarios menores de 35 años alcanza el 51,1%, más de veinte puntos por encima de la española, que se sitúa en el 31,2%. Esto supone una pérdida de capital humano con coste real para la economía y la cohesión social.

Las mujeres de nacionalidad extranjera tienen mayor presencia en el mercado laboral que las españolas, pero se concentran en las ocupaciones peor remuneradas. El 54,8% de las mujeres nacionales de terceros países están en riesgo de pobreza o exclusión social. El Informe recomienda políticas específicas de empleo e igualdad.

Acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda continúa siendo una traba fundamental para la integración social de los inmigrantes. En el Informe, el FISI destaca que muchas inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias, y que las tasas de exclusión residencial entre extracomunitarios superan el 47 %.

Acceso a los servicios públicos

El Informe plantea que la población migrante experimenta obstáculos para ejercer derechos como el acceso a la sanidad, el empadronamiento, la denuncia segura, la homologación de títulos y el acceso a la educación. Esta situación se ve agravada por narrativas que distorsionan la realidad sobre el uso de los servicios públicos.

En los últimos años se han extendido bulos que transmiten una visión de abuso de los servicios públicos y de las ayudas sociales por los migrantes; sin embargo, el Informe describe la realidad contraria: las dificultades que tienen muchas personas para acceder a derechos que sí tienen reconocidos.

Las narrativas distorsionadas agravan esas dificultades y contribuyen a la infra denuncia, lo que dificulta la persecución de conductas delictivas como el racismo y la xenofobia. Además, los discursos de odio online tienden a dirigirse de forma desproporcionada hacia personas migrantes. El Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) constata que en 2025 se detectaron más de 740.000 contenidos racistas y xenófobos, de los que el 45% buscaba deshumanizar a las personas de origen extranjero.

Sistema educativo

Las diferencias entre los hijos e hijas de migrantes y los jóvenes con padres y/o madres nacidos en España son más notorias respecto a los estudios universitarios, ya que solo el 28% de los hijos de migrantes acceden a la universidad, frente al 43% de hijos de familias autóctonas. El informe señala que la situación administrativa de los padres no debe limitar el derecho a la educación y a la promoción social de sus hijos.

El informe del FISI recomienda intensificar en la fase inicial del itinerario educativo el aprendizaje del idioma y la participación de los hijos de migrantes en el primer ciclo de Educación Infantil.

La escuela se configura no solo como un espacio de aprendizaje académico, sino también como un ámbito clave para la construcción de la convivencia intercultural y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, con especial atención a aquellos de origen migrante. Del Informe se desprende que la integración no se produce de forma automática: requiere recursos, políticas estructurales y el reconocimiento activo de la diversidad como valor.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia