Entre los asuntos a tratar figuran la aprobación de cuentas e informe de auditoría del pasado ejercicio 2015, la firma del convenio de recaudación con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y la implantación de medidas sancionadoras que hagan efectiva la prohibición de uso del agua de riego a los hacendados que incumplen sus obligaciones de pago, tal y como establece la Ley. Los problemas a los que se enfrenta la comunidad desde hace años como consecuencia de la implantación de un Plan de Modernización de Regadíos cuyos costes se han disparado y cuyas numerosas irregularidades se han denunciado ante los juzgados, se ven agravados por la elevada morosidad de los regantes, cuyas cuotas suponen la única fuente de ingresos para garantizar el sostenimiento de la entidad. Las medidas que se propondrán en la próxima asamblea permitirán la recaudación ejecutiva de las deudas impagadas y una mayor efectividad en la prohibición del uso de agua a quienes no abonen los recibos aprobados por la asamblea, que verán imposibilitado el riego de sus parcelas y deberán abonar cuotas importantes para ver restablecido el acceso al mismo.
El elevado endeudamiento de la comunidad, fruto de las faraónicas obras llevadas a cabo en el pasado e inacabadas en la actualidad, supone un coste de 30.000 euros por hectárea, 5 veces superior a la media de la región. El agua no puede llegar a muchas de las parcelas de la comunidad hasta que se ejecuten las obras pendientes, que cuentan con una partida de 400.000 euros asignada en los presupuestos generales del Estado para el año 2016 y que ACUAMED tendría que ejecutar antes de finales del mismo.
El expediente de reintegro de subvenciones promovido por la Consejería de Agricultura contra la comunidad de reganes por importe cercano a los 2 millones de euros, amenaza gravemente la supervivencia del Heredamiento, a pesar de la aprobación de la Asamblea Regional de una moción que permitiese el desbloqueo del embargo, a la que la máxima dirigente de la Consejería, Adela Martínez-Cachá, ha hecho caso omiso, continuando adelante con la ejecución de los embargos, a pesar del auto de suspensión de los mismos dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.