El Grupo Municipal del PSOE ha presentado una Moción para rechazar el canon impuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se pague por cada obra que se preste en las bibliotecas públicas y por tener usuarios inscritos.

Esto supone que las bibliotecas municipales de Molina de Segura tendrán que pagar por cada obra que sea objeto de préstamo y por cada usuario inscrito en ellas, o incluso por comprar libros, como se hará hasta 2016, algo paradójico para una biblioteca cuya función encargada por Ley es impulsar la cultura ofreciendo un servicio público de préstamo de libros y de custodia de obras, entre otras tareas.

Para Antonio Gomariz, el Gobierno penaliza a las bibliotecas municipales por cumplir con su función de prestar libros y por inscribir usuarios, algo indignante, contrario a la labor de promoción de la cultura que realizan los Ayuntamientos. ¿A quién beneficia este canon?, se pregunta. Si no es a los autores, ni a las instituciones ni a las bibliotecas, no se entiende que se imponga este canon y que el Gobierno no defienda a las bibliotecas públicas frente a una Directiva europea emanada de Comercio Interior.

El PP da un paso más para mercantilizar la cultura, consciente del daño que hace y de que una biblioteca no se dedica a mercadear con sus productos, como una empresa más. Aplicando la lógica del mercado a todo, el PP va a acabar con el bien común, con los derechos y las conquistas sociales y culturales, concluye Gomariz.

Este canon por préstamo de libros ha suscitado el rechazo total de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) y también de diversos municipios de Comunidades de Madrid, Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares o Galicia, que ya se opusieron en años anteriores al canon.

El Gobierno de España, afirma el Portavoz Socialista, nos homologa con Europa por la vía del canon, pero no con mejoras en el funcionamiento, presupuestos, horarios, fondos bibliográficos, catálogos, colecciones, instalaciones o las plantillas de las bibliotecas.

En la Moción se pide el rechazo y la retirada del canon, que ataca uno de los servicios básicos fundamentales que se prestan desde los Ayuntamientos, se solicita que se valore repercusión de este canon en nuestras bibliotecas municipales y se estudie presentar un recurso contra la imposición de este canon, dadas las dudas levantadas y la existencia de elementos suficientes para recurrir su aplicación. Por último, se llama a la unidad de los Ayuntamientos para defender las bibliotecas públicas y exigir del Gobierno que exima a los municipios de tener que pagar porque las bibliotecas municipales presten obras.