Una enorme explotación ganadera, abandonada desde hace casi dos décadas y próxima a la ciudad, contamina el suelo, el agua y el paisaje y ahora sirve de morada a los más pobres.
Montañas próximas a los cabezos del barrio empiezan a ser el hogar de la población más vulnerable de Lorca.
Hace más de tres años exigimos la demolición de ese macrocebadero a cargo de la boyante empresa de porcino de Cartagena que abandonó las instalaciones, pero aquí nadie ha movido nunca un dedo al respecto desde entonces.
El portavoz local de IU-Verdes, Pedro Sosa, comparecía esta mañana ante los medios de comunicación para denunciar el gran descontrol que existe en Lorca en materia de ordenación del territorio y usos del suelo, y cómo la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos locales ha provocado que, a lo largo del amplio término municipal, veamos restos de explotaciones industriales, agrícolas y ganaderas abandonadas tras el cese de sus respectivas actividades. Ahora además, dice Sosa, la realidad social de nuestro municipio está vinculando ese descontrol urbanístico con el de la infravivienda y con el del padrón municipal.
No puede ser, afirma Sosa, que la administración local no haya exigido a quienes explotaron esas actividades que demoliesen sus construcciones y tratasen sus residuos para evitar perjuicios a la comunidad. Entre esos efectos adversos Sosa cita la contaminación de suelos, del subsuelo, de la atmósfera, de los posibles acuíferos, o de las aguas superficiales. Además de eso, también se contaminan los paisajes y esas instalaciones abandonadas, en no pocas ocasiones, acaban siendo lugares de botellón y refugios para otras actividades no lícitas. A todo ello habría que añadir el fracaso social que supone que ahora también están sirviendo de morada para las personas más pobres, más vulnerables y más excluidas de la sociedad. Llevo más de medio siglo viviendo en la parte del barrio de San Cristóbal que pega a los cabezos, afirma Sosa, y jamás había visto una cosa igual; personas viviendo en cebaderos abandonados, en casetas derruidas, en transformadores eléctricos y durmiendo a la intemperie entre las rocas de los cabezos que miran a la ciudad.
Los problemas de control del padrón municipal, a diferencia de lo que piensa la derecha, no son la enfermedad sino uno más de los síntomas. La enfermedad de Lorca es el modelo económico y social lorquino que han acabado materializando en nuestro municipio quienes han mandado en Lorca durante décadas. Y eso se combate con planes estratégicos y con políticas públicas diametralmente opuestas a las que nos han llevado a ser “la peor ciudad de España para vivir” según el índice de desarrollo urbano sostenible.
Sosa ha vuelto a pedir una reflexión al Alcalde para que introduzca en la ordenanza del control del padrón, una disposición que obligue a trasladar y derivar a los órganos públicos competentes (urbanismo, vivienda, medio ambiente, sanidad, etc) incluida en su caso la administración de justicia, cualquier circunstancia detectada en materia de infravivienda, de carencias de condiciones de habitabilidad, de estafa, explotación, etc. que puedan ser constitutivas de eventuales infracciones en sus respectivos órdenes.
Con esta ordenanza de control del padrón auspiciada en sus actuales términos por el PP y sus socios ultras, sostiene el edil de izquierdas, se persigue a los débiles y se protege sin inquietarlos a quienes se aprovechan de ellos.
Por lo pronto, Sosa exigirá en Pleno que se ponga el foco en ese gran conjunto de cebaderos, abandonados desde hace casi dos décadas en un rincón de la diputación de Río, lindando con el suelo urbano de la ciudad y cercano a un “Lugar de Interés Geológico” y al colegio público San Cristóbal. Una gran explotación ganadera abandonada, con sus tejados de uralita rotos y contaminándolo todo, donde también son perceptibles las huellas de los botellones. Una explotación que fue cerrada por una resolución judicial tras un litigio emprendido y ganado por los vecinos de Río, y cuya empresa propietaria, con sede social en el campo de Cartagena y bastante saneada económicamente, está incumpliendo su responsabilidad social y sus deberes legales con Lorca y con los lorquinos.
Por último, afirma Sosa, el extraordinario crecimiento del porcino se enmarca por muchos expertos en una “burbuja especulativa” que podría estallar en cualquier momento, y nosotros pensamos que la administración (la local y la regional), además del permanente control de la legalidad de estas explotaciones, debería garantizar a los ciudadanos de Lorca que cuando se produzca un eventual cese de actividad no nos van a dejar los esqueletos, los escombros y las ruinas de las mismas, contaminado los paisajes y los recursos de nuestro término municipal.