Lorca

El PSOE propone realojar a los vecinos del poblado Calnegre afectados por el deslinde de Costas.

Lorca, 21 abr (EFE).- El PSOE en Lorca propuso hoy que se contemple el realojo, en alguna de las futuras urbanizaciones del litoral, de los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre, que se pueden ver afectados con el derribo de sus viviendas por un deslinde de Costas.

Los vecinos se mantienen a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por los abogados de los afectados contra la orden ministerial que exige la demolición de sus casas por invadir el dominio público marítimo terrestre, que ya han perdido ante la Audiencia Nacional.

El secretario general del PSOE, Diego Ferra, pidió hoy al alcalde de la localidad, Francisco Jódar, que convoque la mesa de afectados por el deslinde que este partido le reclamó en febrero, cuando se reunió con la directora general de Costas del ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino.

Ferra criticó que, "dos meses después de aquella petición", Jódar no haya convocado la mesa y dijo temer "que al alcalde pueda pillarle nuevamente el tren por no hacer los deberes a tiempo".

Añadió que el consistorio debe comenzar a estudiar posibles soluciones de realojo en los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en la costa de Lorca antes de que se produzca el fallo del Supremo.

Según Ferra, los convenios urbanísticos suscritos por el ayuntamiento para hacer residenciales en la zona litoral reportarán al consistorio, como fruto de cesiones obligatorias, unas 800 viviendas en las que se podría realojar a los vecinos que puedan verse afectados por el derribo de las 45 casas del poblado.

El poblado de Puntas de Calnegre, surgido hace más de cien años de un antiguo núcleo pesquero, tiene 45 viviendas que se encuentran a pocos metros de la costa y que ocupan áreas públicas de protección según la Ley de Costas, lo que obligaría a la expropiación y derribo de las casas.

El origen del problema se remonta a un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977, ratificado en 2004 y recurrido sin éxito por los vecinos y el ayuntamiento en varias instancias judiciales, y ahora en el Supremo.EFE

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