Con esta representación de la "Feria de la Vivienda", la Mesa de la Islamofobia y las asociaciones que se han adherido quieren poner de manifiesto que la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda no se puede dejar a la propia regulación del mercado, que la considera bien con el que especular y no un derecho humano básico (como lo son el derecho a la educación o a la salud).

El acceso a una vivienda (en propiedad o en alquiler), es un problema acuciante para amplias capas de la sociedad, e imposible para las personas pobres o en situación de vulnerabilidad. El pago de las hipotecas o las rentas, pone en riesgo de exclusión social a muchas familias, al tener que optar entre asumir los gastos de la vivienda o satisfacer otras necesidades básicas (comer, comprar medicamentos, etc.)

El contexto de esta crisis, que discrimina a una alta proporción de personas y les niega el derecho a una vivienda digna, está definido en nuestra región por:

-El desinterés de las administraciones por las personas sin techo, en exclusión residencial o que habitan en condiciones indignas para la condición humana. Son los excluidos de los excluidos. No existe una estadística rigurosa de cuántas personas está en esta situación.

-La desprotección de las personas que viven en régimen de alquiler ante la continua subida de las rentas y el desorbitado precio de los alquileres, que impide el acceso a una vivienda digna.

-La prácticamente inexistente vivienda social: La Región de Murcia apenas cuenta con el 0`04% de viviendas pública sobre el total de viviendas principales. Las muy escasas viviendas sociales que se han construido a lo largo de los años, han cambiado de calificación de forma casi inmediata, pasando a propiedad y mercado libre. Tampoco existen medidas de protección social.

- Hay un número de viviendas vacías superior a las 100.000.

- Desalojo de su vivienda de personas sin alternativa habitacional. Los desalojos que se producen en la Región de Murcia en un trimestre (datos oficiales del Consejo del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de este año) están en torno a 100.

- La discriminación inmobiliaria a personas migrantes y/o racializadas es prácticamente total: las inmobiliarias aceptan la condición impuesta por el propietario de la vivienda de que no se ofrezca a personas migrantes.

Ante la crisis de acceso a la vivienda, exigimos la adopción de medidas inmediatas:

- Que las administraciones realicen un censo real de las personas sin techo y en exclusión residencial y adopten las medidas para facilitarles el acceso a la vivienda.

-La firma inmediata del convenio entre el M° de Vivienda y la CARM del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, 2026-2030 (PEAV 26-30). Son 308 millones de para 5 años, que no son la solución del problema, pero no se pueden desdeñar.

- La aplicación de la Ley de Vivienda (2023) que permite, entre otras, la declaración de Zonas tensionadas y un control del precio del alquiler.

-La regulación del mercado del alquiler, limitando el precio de los mismos y la protección ante desalojos de las personas en situación de vulnerabilidad.

- La absolutamente necesaria regulación y protección de las personas que viven en habitaciones alquiladas.

- Que las administraciones adopten las medidas necesarias para dotarse de viviendas sociales, dedicadas a alquiler asequible o para personas en exclusión residencial.

La promulgación de una Ley de Vivienda de la Región que sea una propuesta realista para acceso de todas las personas a una vivienda digna.

-La regulación de la adquisición de vivienda por parte de grandes tenedores y el alquiler turístico, como fenómenos que contribuyen a la crisis de la vivienda.

La Mesa de la Islamofobia. Asociaciones que firman: Al Fanar, Amnistía

Internacional, Asociación Senegalesa, Cazalla Intercultural,

Columbares. Faam, Grupo Diálogo Interreligioso, Onda Murcia, Parem