El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, advierte de que la expansión de los neobancos exige mayores garantías, mecanismos eficaces de reclamación y una protección real de los usuarios ante los fallos de los servicios financieros.

La caída de los servicios de Revolut registrada hoy en España y otros países europeos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores ante los fallos tecnológicos de las entidades financieras, en un contexto de creciente digitalización del sistema bancario.

Ante esta situación, el presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha advertido de que la rápida proliferación de neobancos, fintech y plataformas financieras exige mayor transparencia, precaución y garantías para los consumidores.

Una de las principales cuestiones es la importancia de que los usuarios conozcan con quién contratan sus servicios financieros, bajo qué supervisión operan estas entidades y qué mecanismos protegen su dinero. En este sentido, es fundamental distinguir entre los depósitos bancarios, amparados por los correspondientes fondos de garantía, y los productos de inversión, que presentan riesgos y protecciones diferentes.

En cuanto a las posibles reclamaciones, los consumidores pueden reclamar por los perjuicios sufridos, siempre que estos sean claros y demostrables. Sin embargo, el presidente de ADICAE señala las dificultades que encuentran los usuarios para obtener compensaciones frente a las grandes entidades financieras, lo que pone de relieve la importancia de la actuación y mediación de las asociaciones de consumidores en la defensa de sus derechos.

Asimismo, ADICAE recuerda que la digitalización afecta tanto a los nuevos operadores como a la banca tradicional, por lo que ninguna entidad está exenta de sufrir incidencias tecnológicas. La asociación advierte también de los riesgos de fraude y suplantación de identidad asociados a la proliferación de plataformas financieras. Es esencial que la innovación y la competencia bancaria vayan acompañadas de una protección efectiva de los consumidores, servicios seguros y mecanismos de reclamación accesibles y eficaces. La modernización del sistema financiero no puede suponer una reducción de los derechos de los usuarios ni dejarles desprotegidos cuando se producen fallos en los servicios bancarios.