Para qué utilizan las redes y sus móviles, cuánto, cuándo y qué dejan de hacer por ello: estas son las preguntas que realmente hay que hacerse. Educación digital, acompañamiento familiar, alfabetización mediática y mayor responsabilidad de las plataformas, frente a soluciones generalizadas
El deterioro de algunos indicadores educativos, las dificultades de atención y los problemas relacionados con el sueño, la comparación social o el ciberacoso, etc. Cada nuevo dato sobre el bienestar de los adolescentes reabre el debate sobre el papel de los móviles y las redes sociales en su día a día, un debate necesario sobre cómo proteger a los menores, pero que no necesariamente pasa por prohibir.
En plena discusión sobre el acceso de los menores a las redes sociales y después de la publicación de los resultados de PISA 2025, una de las cuestiones que cobra especial relevancia es cómo interpretar los datos y qué conclusiones pueden extraerse de ellos. En España, el 29 % de los estudiantes afirma que los dispositivos digitales son una distracción en determinadas clases. Son datos que deben tomarse en serio, pero que requieren una lectura cuidadosa y no permiten reducir el problema a la presencia o ausencia de tecnología.
La cuestión, como señala la psicóloga Conchita Sisí, directora de la Clínica Salud en Mente, no debería plantearse únicamente en términos de "móvil sí" o "móvil no", ni de "redes sociales sí" o "redes sociales no". "Lo importante es entender para qué las utilizan los menores, cuánto tiempo, en qué momentos, con qué contenidos y, sobre todo, qué están dejando de hacer por utilizarlas. El contexto es clave".
Redes sociales: ni inofensivas ni un problema que afecte a todos por igual
Los dispositivos digitales no tienen un único uso y las redes sociales no ofrecen una experiencia única a todos los adolescentes. Los estudiantes los utilizan también para aprender, investigar, crear y comunicarse. Del mismo modo, no es lo mismo pasar horas consumiendo de forma pasiva contenidos que generan malestar que utilizar una plataforma para mantener vínculos, buscar apoyo, aprender o formar parte de una comunidad.
La psicóloga no niega los riesgos. Sin embargo, reconocerlos no significa que una prohibición generalizada sea necesariamente la respuesta más eficaz para mejorar por sí sola la salud mental o el bienestar de los menores.
La evidencia disponible apunta a una realidad más compleja, en la que influyen el tipo de uso, la frecuencia, los contenidos, las circunstancias personales y el contexto social y familiar. Por eso, hablar de "redes sociales" como si fueran una exposición homogénea puede simplificar en exceso un fenómeno que afecta de manera diferente a cada adolescente.
Proteger no significa necesariamente prohibir
Frente a la dicotomía entre permitirlo todo o prohibirlo todo, el enfoque pasa por intervenir sobre los usos perjudiciales y enseñar a los menores a relacionarse con la tecnología de una manera saludable. Esto implica apostar por una educación digital temprana, una alfabetización mediática que permita comprender cómo funcionan las plataformas y sus mecanismos de captación de atención, un acompañamiento familiar adaptado a cada edad y una mejor prevención y detección de los usos problemáticos.
También resulta necesario abordar la responsabilidad de las propias plataformas. No toda la presión debería recaer en el usuario y su entorno. El diseño de los productos digitales, los mecanismos destinados a captar y retener la atención, la protección frente a determinados contenidos y las herramientas de seguridad para menores forman parte igualmente de la ecuación.
En este sentido, la estrategia de protección propuesta por Sisí debería combinar diferentes medidas:
Educación digital desde edades tempranas, para desarrollar criterios y hábitos saludables antes de que aparezcan los problemas.
Acompañamiento familiar adaptado a la edad, que permita establecer límites y supervisar sin convertir la relación con la tecnología en una vigilancia permanente.
Alfabetización mediática, para ayudar a los adolescentes a comprender los mecanismos de las plataformas, identificar contenidos perjudiciales y gestionar su propia exposición.
Prevención y detección de usos problemáticos, prestando atención a cómo afecta la tecnología al sueño, los estudios, las relaciones sociales o el bienestar.
Mayor responsabilidad de las plataformas, especialmente en materia de diseño, protección de menores, contenidos y mecanismos de captación de atención.
Evaluación rigurosa de las restricciones, antes de asumir que una medida generalizada tendrá los efectos deseados.
Todo ello implica también una mayor responsabilidad por parte de las familias. En ocasiones, establecer límites y acompañar el uso de la tecnología puede convertirse en una tarea compleja y fuente de conflicto en casa. Para algunos padres, que una autoridad establezca una prohibición general puede resultar más sencillo que tener que ejercer ese papel de forma cotidiana.
"Para muchos padres es más sencillo que las autoridades tomen las decisiones por ellos y sentirse, en parte, liberados de tener que hacer de policía tecnológica con sus hijos", señala Sisí. Sin embargo, la responsabilidad educativa no desaparece con una prohibición: los menores seguirán necesitando herramientas para comprender, gestionar y utilizar la tecnología cuando tengan acceso a ella.