El sindicato alertó en mayo de 2025 de la reducción de 21 a 19 años y movilizó a centros, profesorado y familias. Ahora el Ministerio cuestiona la interpretación de la Consejería.
Los destinatarios de los Programas Formativos Profesionales (PFP) de la modalidad Especial son jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo.
— STERM Intersindical ya advirtió en mayo de 2025 de que la decisión de la Consejería de Educación de reducir de 21 a 19 años la edad de matriculación en los Programas Formativos Profesionales (PFP) de modalidad Especial debía ser revisada. Ahora, más de un año después, y tras la consulta realizada por la propia Consejería al Ministerio de Educación, el Ministerio ha cuestionado la interpretación de la normativa realizada por la Administración regional y ha pedido que modifique la resolución que limita la edad de los alumnos.
Desde STERM Intersindical recuerdan que esta situación podría haberse evitado si la Consejería hubiera actuado desde el principio con una mayor cautela y hubiera mantenido las condiciones de acceso existentes hasta disponer de una interpretación clara de la normativa estatal.
En mayo de 2025, STERM Intersindical mantuvo sendas reuniones con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y con la Dirección General de Atención a la Diversidad, en las que trasladó su preocupación por el cambio introducido en el proceso de admisión para el curso 2025/2026. Hasta ese momento, los PFP de modalidad Especial permitían mantener el itinerario formativo hasta los 21 años. Sin embargo, en el nuevo proceso de admisión la Consejería estableció un límite de 19 años para los centros públicos.
Ante la negativa de la Consejería a mantener inicialmente las condiciones anteriores, STERM Intersindical impulsó una campaña dirigida a los centros educativos, al personal docente y a las familias. El sindicato instó a la comunidad educativa a ponerse en contacto con la Dirección General de Formación Profesional para reclamar que no se modificaran las condiciones de acceso que se habían venido aplicando. En el escrito remitido a los centros, ya se advertía de que la modificación no respondía a criterios pedagógicos y podía perjudicar gravemente al alumnado destinatario de estos programas.
La propia Consejería de Educación ha reconocido que se puso en contacto con el Ministerio de Educación para consultar si la interpretación que estaba aplicando era correcta. La respuesta del Ministerio, conocida ahora, cuestiona la interpretación realizada por la Consejería.
STERM considera especialmente grave esta situación puesto que la limitación a los 19 años se estableció únicamente en los centros públicos, mientras que las entidades formativas privadas que desarrollan estos programas mediante subvenciones han mantenido la posibilidad de atender a alumnado hasta los 21 años durante todo este periodo. Esta situación genera un agravio comparativo entre el alumnado en función del centro al que acuda y provoca, en la práctica, un desplazamiento de alumnado desde la red pública hacia entidades privadas subvencionadas.
Desde STERM Intersindical consideran que, si la normativa estatal planteaba dudas interpretativas, la Consejería debería haber actuado con prudencia y haber mantenido los 21 años hasta conocer el criterio del Ministerio, en lugar de aplicar directamente una reducción que afectaba al alumnado más vulnerable.