El reconocido abogado dirigirá el Área Jurídica del Instituto de Política Social y formará junto a la letrada María Juher Layret el equipo encargado de impulsar acciones legales en defensa de los valores de la organización y de la unidad de España.

El Instituto anuncia una nueva etapa basada en el litigio estratégico, el control jurídico de las administraciones y la respuesta ante cualquier actuación que pueda vulnerar derechos fundamentales o el orden constitucional.

El Instituto de Política Social (IPSE) ha nombrado al reconocido abogado Fermín Guerrero Faura máximo responsable de su Área Jurídica, desde la que dirigirá la estrategia judicial de la organización. Estará acompañado por la letrada María Juher Layret, integrante de la junta directiva del Instituto, con quien formará el núcleo encargado de analizar, preparar e impulsar las acciones legales que resulten viables en defensa de los valores del IPSE y de la unidad de España.

Con este nombramiento, el Instituto anuncia un salto cualitativo en su actividad: sus pronunciamientos públicos, informes y campañas podrán traducirse en actuaciones administrativas y judiciales cuando existan fundamento jurídico, legitimación y pruebas suficientes. El objetivo es que las posibles vulneraciones de derechos, los abusos de poder y las decisiones contrarias al ordenamiento jurídico reciban una respuesta técnicamente rigurosa y sostenida en el tiempo.

«Ha llegado el momento de convertir la denuncia pública en iniciativa jurídica. Quienes pretendan atacar impunemente la familia, la vida, la libertad, los sentimientos religiosos o la unidad de España deben saber que podrán encontrarse con el Instituto de Política Social ante los tribunales», ha declarado Pablo Hertfelder García-Conde, presidente del IPSE.

Fermín Guerrero Faura cuenta con más de tres décadas de ejercicio profesional, una amplia experiencia procesal y una trayectoria especialmente vinculada al Derecho Penal. Ha intervenido en procedimientos complejos y causas de relevancia pública, aportando al Instituto conocimiento directo del funcionamiento de los juzgados y una capacidad acreditada para afrontar estrategias jurídicas de largo recorrido. Su especialización y trayectoria profesional han sido recogidas, entre otros medios, por La Vanguardia y la Agencia EFE.

Como máximo responsable jurídico, Guerrero Faura coordinará la evaluación de cada posible actuación, la construcción de los argumentos legales, la preparación de escritos y recursos y, cuando corresponda, la dirección de los procedimientos. El Instituto quiere evitar acciones meramente testimoniales: cada iniciativa deberá responder a una estrategia definida, contar con base jurídica y perseguir consecuencias concretas.

María Juher Layret participará en la planificación y desarrollo de esta nueva etapa judicial. Su incorporación permitirá reforzar el seguimiento de expedientes, la investigación jurídica, la redacción procesal y la coordinación de las actuaciones que el IPSE decida emprender. Ambos letrados podrán colaborar, cuando la complejidad del asunto lo exija, con profesionales especializados en las diferentes jurisdicciones.

El Área Jurídica centrará inicialmente su trabajo en cinco grandes ámbitos: la defensa de la vida y de la familia; la libertad religiosa y educativa; la protección de los derechos constitucionales; la fiscalización de las actuaciones de las administraciones públicas; y la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial de España.

El IPSE estudiará especialmente aquellas normas, resoluciones, convenios o decisiones políticas que puedan afectar a la igualdad de los españoles, debilitar la unidad nacional o realizar concesiones incompatibles con la soberanía española. Ceuta y Melilla, como partes indiscutibles de España, ocuparán un lugar prioritario dentro del seguimiento jurídico de la organización.

«La unidad de España no es una consigna electoral ni una mercancía con la que pueda negociarse para conservar el poder. Es un principio constitucional y una responsabilidad histórica. Cuando la política traspasa los límites de la ley, la respuesta debe llegar desde la ley», sostiene Hertfelder.

El Instituto aclara que esta nueva estrategia no busca judicializar cualquier discrepancia política ni presentar acciones sin recorrido. Su propósito es utilizar todos los instrumentos que ofrece el Estado de derecho —recursos administrativos, solicitudes de información, denuncias, querellas, personaciones y demás acciones procedentes— exclusivamente cuando concurran los requisitos legales aplicables.

El IPSE también impulsará un sistema de vigilancia jurídica para detectar decisiones públicas susceptibles de revisión, recopilar documentación y estudiar posibles vías de actuación. Las iniciativas que finalmente se emprendan se comunicarán con transparencia, diferenciando siempre entre hechos acreditados, valoraciones políticas y procedimientos todavía pendientes de resolución.

«Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que atacar determinados valores no tiene consecuencias. Vamos a contribuir a terminar con esa impunidad. No anunciamos ruido judicial ni demandas propagandísticas: anunciamos rigor, perseverancia y capacidad de respuesta.. La batalla está en los tribunales y el IPSE está preparado para afrontarla», concluye el presidente del Instituto.