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El nuevo convenio entre la DGT y la Seguridad Social refuerza el control sobre los conductores profesionales

El acuerdo permite verificar en tiempo real la condición profesional mediante el cruce automático de datos

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han puesto en marcha un nuevo convenio de colaboración que introduce un cambio relevante en la verificación de los conductores profesionales en España. Aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2026, el acuerdo permitirá a la DGT consultar automáticamente los datos de cotización para comprobar si un trabajador reúne la condición de conductor profesional.

El objetivo es doble: agilizar trámites administrativos y reforzar la seguridad vial, evitando que conductores profesionales puedan ejercer sin tener vigente su permiso de conducir.

Cómo funciona el nuevo sistema

Para que la DGT reconozca a un trabajador como conductor profesional deben concurrir tres requisitos: que la empresa esté registrada en un CNAE vinculado al transporte, que exista una relación laboral vigente y que el trabajador cotice con la clave de ocupación correspondiente.

Solo cuando estos elementos coinciden, la DGT puede verificar oficialmente la vigencia del permiso.

El convenio incorpora además la integración con el sistema europeo EUCARIS, lo que permitirá comprobar si un conductor ha perdido la vigencia en otro Estado miembro.

La condición de conductor profesional también será determinante para acceder a beneficios como los cursos de recuperación parcial de puntos o la reducción de los plazos de inhabilitación tras la pérdida total del crédito.

Menos burocracia, mayor dependencia del dato

Con el nuevo modelo, el conductor deja de aportar certificados o informes de vida laboral para acreditar su situación. La consulta se realiza directamente entre administraciones.

Sin embargo, el sistema aumenta la importancia de que los datos estén correctamente registrados. Un error en el CNAE, en la clave de ocupación —habitualmente la clave "f"— o en la cotización puede impedir que el trabajador sea reconocido como conductor profesional, con posibles consecuencias en el acceso a beneficios o en su actividad laboral.

El mismo sistema se aplica a trabajadores autónomos, que deberán figurar correctamente dados de alta en actividades de transporte para ser reconocidos como profesionales ante la DGT.

Modernización y debate sobre el control

Desde Pyramid Consulting, firma especializada en asesoramiento jurídico en materia de tráfico y transporte, señalan que el convenio "supone un paso importante en la digitalización de la Administración, pero también abre un debate necesario sobre los límites del control institucional".

En palabras de la abogada de Pyramid Consulting, Ruby Blechschmidt, "es precisamente en ese equilibrio entre eficiencia administrativa y acceso a la información donde surge la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto hablamos de modernización y cuándo empieza a convertirse en supervisión?".

La simplificación administrativa reduce trámites, pero también amplía la capacidad de control institucional y empresarial sobre la situación profesional del conductor. El intercambio de información se produce automáticamente, sin necesidad de autorización expresa del trabajador, y cualquier incidencia relevante puede ser conocida casi en tiempo real por la empresa.

"Esta automatización elimina burocracia, pero también exige a trabajadores y empresas extremar el cuidado en la gestión de altas, cotizaciones y clasificación de actividades, porque un simple error administrativo puede tener efectos inmediatos", añade Blechschmidt.

Además, el sistema introduce una fuerte dependencia de la exactitud de los datos administrativos. Un error en la clasificación o en la ocupación puede impedir el reconocimiento como profesional, lo que obliga a revisar contratos y comunicaciones con mayor atención.

Aunque el convenio prevé mecanismos de auditoría y control técnico, el intercambio constante de datos entre administraciones y empresas mantiene abierto el debate sobre la protección de la información.

El nuevo modelo refleja una tendencia creciente en la gestión pública: menos burocracia visible y mayor interconexión de datos. Para algunos, supone un avance necesario en seguridad vial; para otros, un refuerzo del control en el ámbito profesional.

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