La Asamblea cuenta con una comisión específica y presenta informes anuales, mientras el Congreso apenas dedica 1h30min por legislatura a escuchar a la ciudadanía
“Ha llegado el momento de crear un sistema eficaz para que la gente pueda hacer llegar sus demandas a las instituciones. Hay apetito de participación y medios tecnológicos para hacerlo posible rápidamente”, afirma Javier Pérez, director de Political Watch
La Asamblea Regional de Murcia es una de las cuatro comunidades autónomas que destacan por su regulación detallada del derecho de petición, según revela un nuevo informe de Political Watch. Su modelo -al menos sobre el papel- destaca por su transparencia y capacidad de seguimiento.
El modelo murciano contrasta con el fracaso del sistema estatal, donde las Cortes Generales actúan como mero buzón administrativo. La Comisión de Peticiones del Congreso se reunió apenas 1 hora y 30 minutos durante toda la legislatura anterior, frente a las 150 horas de la Comisión de Presupuestos.
El dato es demoledor: las Cortes Generales derivan casi la totalidad de las peticiones que reciben. El Congreso ha recibido 386 peticiones en la actual legislatura y ha derivado 380 a otras instituciones. El Senado archivó directamente el 53% de las 167 peticiones recibidas y derivó el resto. Ninguna generó consecuencias parlamentarias.
Las características del modelo murciano son:
• Regulación detallada en los artículos 216-220 del Reglamento
• Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano que gestiona las solicitudes
• Capacidad para solicitar información adicional o comparecencias
• Informe anual al Pleno sobre su actividad
"Murcia ha desarrollado una regulación parlamentaria específica con mecanismos de seguimiento, algo que el modelo estatal no garantiza de forma sistemática", señala el informe elaborado por Miguel Ángel Gonzalo, director de Documentación en la Secretaría General del Congreso de los Diputados y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Belén Agüero, directora de investigación de Political Watch.
Al contrario que España, otros países europeos han convertido el derecho de petición en herramienta efectiva de participación:
• Reino Unido: 50 millones de firmas (2015-2019). Con 100.000 apoyos, el debate parlamentario es obligatorio
• Alemania: su plataforma tiene 2 millones de usuarios. 30.000 firmas aseguran una audiencia pública en el Bundestag.
• Estonia: 1.000 firmas activan consideración parlamentaria obligatoria
• Escocia: Sistema sin umbrales mínimos y seguimiento en tiempo real
Ante la ausencia de cauces efectivos a nivel estatal, la ciudadanía española recurre al Parlamento Europeo, donde España lidera el número de peticiones enviadas (23% del total en 2023), o a plataformas privadas como Change.
El documento plantea medidas específicas para la Asamblea Regional y las Cortes:
1. Desarrollar plataformas digitales públicas más accesibles y transparentes
2. Simplificar el proceso de presentación electrónica
3. Establecer umbrales objetivos que activen automáticamente audiencias o debates parlamentarios
4. Garantizar consecuencias prácticas cuando las peticiones alcancen respaldo significativo
5. Mejorar los informes anuales con datos desagregados, análisis de impacto y seguimiento de resultados
6. Vincular con otros mecanismos democráticos como la Iniciativa Legislativa Popular
7. Impulsar campañas de comunicación para dar a conocer este derecho