CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo responsable de la gestión de las 25 residencias públicas de personas mayores de la Comunidad de Madrid, mantiene desde hace más de dos años una política que está provocando un deterioro progresivo de la calidad de los cuidados y de la atención sanitaria en estos centros. Este deterioro no es accidental, sino parte de una estrategia premeditada que busca justificar la privatización del servicio.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL defendemos que la gestión pública de las residencias es un servicio esencial y que debe garantizar la equidad, la calidad asistencial y la dignidad en los cuidados a las personas mayores, especialmente en un contexto de envejecimiento y aumento de la dependencia.
El análisis de la situación permite concluir que existen únicamente dos posibles explicaciones: o bien se trata de una incapacidad grave por parte de la Administración, que no está sabiendo gestionar un organismo con cerca de 10.000 trabajadores de diversas categorías, organizados en tres turnos y que atienden a unas 7.500 personas (de las cuales 6.300 son mayores dependientes); o bien se trata de una decisión política premeditada, avalada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, para degradar deliberadamente el servicio público y disponer así de una coartada que justifique su posterior privatización sin oposición social.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL insiste en que, dada la complejidad creciente de las personas mayores (con múltiples patologías y necesidades sanitarias), las residencias públicas deben ser referentes en calidad, innovación y atención especializada, incluyendo cuidados básicos, rehabilitación, atención postoperatoria y paliativa. Sin embargo, la realidad es muy distinta: el empeoramiento progresivo de las condiciones laborales ha provocado la salida de profesionales sanitarios con experiencia y ha dificultado la incorporación de nuevos trabajadores cualificados. Como consecuencia, vacantes esenciales como las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) están siendo cubiertas por personal sin perfil sanitario, que solo cuenta con estudios mínimos y no puede legalmente administrar medicación ni prestar cuidados clínicos.
Hoy en día, la mayoría de las residencias carece de médicos suficientes, no dispone de seguimiento clínico del Servicio Madrileño de Salud, no cubre los tres turnos de enfermería y no tiene auxiliares suficientes para garantizar la atención diaria básica. Muchas de estas funciones están siendo asumidas por trabajadores sin formación sanitaria, lo que supone un riesgo grave para la salud y la seguridad de los residentes.
Esta Organización Sindical advierte que dicha situación responde a una estrategia premeditada para degradar el servicio público, generar la percepción de que es insostenible y allanar así el camino hacia su privatización.