"La incomprensible disolución de una herramienta esencial"

El pasado 3 de mayo, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia tomó una decisión tan sorprendente como alarmante: disolver la lista extraordinaria de espera para la provisión de Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) en el ámbito educativo.

Esta medida, que afecta a todos los profesionales que integraban dicha lista —exceptuando a siete profesionales que cubren vacantes de tres años—, ha tenido como desenlace su traslado al Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Lejos de suponer un avance, esta decisión representa un paso atrás doloroso.

No solo pone en jaque la estabilidad laboral de quienes han venido garantizando la accesibilidad en las aulas, sino que también compromete directamente el derecho a una educación inclusiva para el alumnado con discapacidad auditiva.

Durante años, la existencia de esta lista no fue un capricho burocrático, sino una solución funcional y justa.

Los profesionales eran seleccionados con base en sus méritos, experiencia y preparación, y el sistema de adjudicación aseguraba que solo quienes estaban verdaderamente cualificados accedieran a los puestos.

La continuidad y la calidad del servicio estaban, en buena medida, garantizadas.

Hoy, tras su repentina desaparición —sin oposición a dicho cuerpo y escala celebrada, sin una fecha de examen a la vista, sin planificación alguna—, el sistema educativo regional queda en un limbo preocupante.

Centros, estudiantes y profesionales se enfrentan a un vacío institucional que solo puede describirse como negligente.

Para agravar aún más la situación, los criterios del SEF no contemplan la experiencia específica como ILSE en el ámbito educativo.

Esta omisión no es menor: implica que personas sin formación adecuada podrían ocupar plazas esenciales, deteriorando la calidad del servicio de interpretación y, por ende, comprometiendo el aprendizaje y la inclusión de un alumnado que ya enfrenta importantes barreras.

No se trata solo de una mala gestión.

Se trata de una decisión que desconoce el valor del trabajo bien hecho, el derecho de los estudiantes a una educación accesible y el compromiso de profesionales que, hasta ahora, venían sosteniendo esa promesa con esfuerzo y dignidad.