El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado este martes, con los votos de PP y PSOE, la moción del grupo parlamentario Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde en la que se exigía la paralización inmediata de la autorización de las subidas de las tarifas del agua potable en varios municipios de la Región como Yecla, Lorca, Jumilla o Fortuna. Subidas también aprobadas por los ayuntamientos de Murcia y Molina de Segura y que esperan a ser autorizadas. Estos incrementos, solicitados por los ayuntamientos, tienen que ser avalados por el Consejo de Precios de la Región de Murcia y autorizados por la Consejería de Economía y Hacienda, de ahí que la petición de Podemos e IU fuera dirigida al Gobierno regional.
La portavoz de la coalición autonómica, la diputada de Podemos María Marín, ha manifestado que el resultado de esta votación "es una muestra más del bipartidismo a pleno funcionamiento" y ha censurado que la prioridad de PP y PSOE sea "proteger los intereses de contratas como FCC y Aqualia, mientras siguen exprimiendo a los vecinos y vecinas".
Para Marín, la pinza de populares y socialistas tiene un claro motivo: "Aquí se mueve mucho dinero y los ayuntamientos, tanto de uno como de otro color, deben mucho a las empresas concesionarias". En su intervención, Marín se refirió al "sospechoso" relevo de los técnicos que habían venido informando en contra de las subidas de las tarifas por no cumplir la Ley de Desindexación de la Economía de 2015. La portavoz morada ha asegurado que llegarán hasta el final y demostrarán "que estas subidas son totalmente ilegales".
Por parte de Izquierda Unida-Verdes, que lleva luchando años en los ayuntamientos contra estas subidas abusivas, la decisión de hoy supone "una patada adelante de un Partido Popular y, por ende, de un Gobierno regional, que continúa en su empeño de no cumplir la normativa para la revisión de las tarifas del agua potable". "Las tarifas del agua potable deben regirse por la normativa de precios autorizados según la sentencia del Tribunal Supremo 1770/2020 y conforme a una ordenanza", asegura el coordinador de IUVRM, José Luis Álvarez-Castellanos, "no a través de acuerdos contractuales entre ayuntamientos y empresas". Álvarez-Castellanos destaca además que "el propio Servicio Jurídico de la Consejería de Empresa confirma nuestra postura, en una respuesta a un recurso del Ayuntamiento de Moratalla en noviembre de 2022".
Por último, desde IU lamentan "las consecuencias para la ciudadanía, que ve cómo las empresas concesionarias trasladan automáticamente a los usuarios los aumentos del IPC, de los beneficios industriales y otros costes, que encarecen las facturas de manera ilegal". "Desde Izquierda Unida-Verdes exigimos que las tarifas se basen únicamente en los costes reales y efectivos del servicio, justificados mediante una memoria económica clara y exhaustiva", ha concluido Álvarez-Castellanos.
Medidas por la vivienda
Por otra parte, el diputado Víctor Egío ha lamentado el rechazo a las 22 iniciativas en materia de vivienda para rebajar el precio de los alquileres que Podemos-IU-AV ha llevado al Pleno. "Nos esperábamos el rechazo de PP y Vox, que son los mayordomos de los fondos buitre en España como Blackrock, que amasa casi 20.000 viviendas", ha declarado Egío, "lo que no esperaba tanto era que el PSOE se abstuviera porque dice que nos apropiamos de medidas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas". "Precisamente ese es nuestro trabajo", ha asegurado el diputado morado, "traer las reivindicaciones de la sociedad a la Asamblea y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde este grupo".