Sectores como la Agricultura, Transporte, Industria Manufacturera, Construcción y las Actividades profesionales Científicas y Técnicas, serán los más perjudicados.
UPTA ha mantenido una reunión con el Secretario de Estado de Seguridad Social, entre otros asuntos, para compartir la inquietud de la organización acerca de las medidas necesarias para el colectivo.
Sin modificaciones en el Real Decreto-Ley, los autónomos tendrán menos capacidad para afrontar la crisis arancelaria.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana mediante Real Decreto-Ley, el primer paquete de medidas del plan de respuesta ante la imposición de aranceles a la UE por la administración del presidente Donald Trump. Como ya adelantó el presidente del Gobierno la semana pasada, las medidas anunciadas buscan la protección de la economía española frente a las dificultades derivadas de la guerra arancelaria. El Real Decreto-Ley contempla entre sus artículos la puesta en marcha de una línea de avales por 5.000 millones de euros para la financiación de empresas exportadoras e importadores afectadas por los aranceles, el aumento de financiación de FIEM, la cobertura de riesgos a través del CESCE y, modificaciones en el sistema CARI, que protege a las empresas ante cambios en los tipos de interés en la actividad comercial internacional.
Desde UPTA, expresamos nuestra preocupación ya que en estas medidas no se menciona explícitamente al colectivo autónomo, que enfrentará graves retos económicos derivados de esta crisis. Las grandes empresas pueden contar con recursos y mecanismos de apoyo, pero los autónomos, en su mayoría personas físicas, que dependen de su actividad diaria, se encuentran sin medidas directas para mitigar los efectos adversos de los aranceles. Reclamamos que, además de poder acceder a líneas de financiación, poder derivar su negocio a nuevos mercados de exportación y, considerar en caso necesario la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social, se tenga en cuenta poner en marcha la herramienta fundamental de protección para el colectivo como es el cese de actividad extraordinario, como hemos podido ver en situaciones de gravedad similar como la del COVID-19.
"Debemos poner en marcha todos los mecanismos de protección que dispone el Gobierno de España para que ningún autónomo vea truncada su actividad económica. La experiencia obtenida durante la pandemia del COVID-19 nos lleva a afirmar que el cese de actividad es un mecanismo imprescindible como colchón social ante futuras crisis, como la crisis arancelaria. Es fundamental que las medidas complementarias, que ya están a disposición de las grandes empresas, se trasladen también al colectivo de autónomos, compuesto principalmente por personas físicas" afirma Eduardo Abad, presidente de UPTA. En ese sentido, esta semana se ha trasladado esta preocupación en reunión junto con los portavoces del grupo parlamentario socialista, con el fin de tratar las posibles repercusiones de la crisis en el colectivo.
"Las medidas que se pongan en marcha no pueden ser 'café para todos'. Deben estar dirigidas exclusivamente a aquellos autónomos o empresas que se vean afectadas directa o indirectamente por la crisis, garantizando que la concesión de ayudas se haga con el máximo rigor, pero sin ralentizar su tramitación. Solamente pedimos agilidad y la eliminación de las trabas burocráticas para que estas medidas sean efectivas", concluyó Eduardo Abad.