Las futuras normativas medioambientales, entre las que se encuentran el Real Decreto sobre envases y residuos de envases y la Ley del Desperdicio Alimentario; la reforma de la PAC y el desarrollo normativo nacional que ahora comienza; la nueva reforma laboral o la aplicación de la Ley de la Cadena, centraron la Comisión de Gobierno de FEPEX que se reunió, ayer, en Madrid.

La Comisión de Gobierno de FEPEX, constituida por representantes de las Asociaciones de las zonas de producción, entre las que se encuentra PROEXPORT, analizó la futura reforma de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y en especial su desarrollo normativo nacional. Éste ya ha comenzado e implica la revisión de múltiples Reales Decretos, como el de reconocimiento de organizaciones de productores, el de programas operativos o el anteproyecto de Ley de implantación del sistema de gestión de la PAC.

Se expuso, además, la preocupación sobre cómo se va a llevar a cabo la integración de los productores de frutas y hortalizas que hasta ahora estaban excluidos en el régimen de pagos directos.

El Presidente de Proexport, Mariano Zapata, y 7 miembros de la Comisión de Gobierno de la asociación murciana asistieron a la reunión, tal era su importancia.

Digitalización para controlar (¿y sancionar?) a los productores

Como consecuencia del desarrollo normativo nacional de la PAC, preocupa también el Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, SIEX, puesto que establece una enorme exigencia de información digital a los productores españoles (registro de explotaciones y cuaderno de campo digital) que, para ambas organizaciones, en algunos aspectos, supera el ámbito de la PAC. El incumplimiento de las obligaciones se tipifica como infracción sancionable con multas de hasta 50.000 euros.

La Estrategia De la Granja a la Mesa  anticipa normativas medioambientales muy exigentes  

En la reunión, se analizó también las nuevas normativas medioambientales.  El Real Decreto sobre envases y residuos de envases, cuya publicación está prevista para el segundo semestre de este año, incluye nuevas exigencias para la comercialización de frutas y hortalizas, en especial en los comercios minoristas, ya que se exigirá presentar las frutas y verduras frescas sin utilizar

envase de plástico para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos. Asimismo, pronto se conocerá el texto del Proyecto Real Decreto sobre uso sostenible de productos fitosanitarios que pretende alcanzar los objetivos de reducción establecidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa (reducción del 50% del uso y riesgo de productos fitosanitarios químicos y reducción del 50% del uso de plaguicidas más peligrosos) mediante un sistema de cálculo individualizado de uso de productos fitosanitarios por explotación con indicadores cuantificables a nivel de explotación.

Respecto a la política laboral, el “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo” afecta de lleno al sector hortofrutícola, porque implica grandes cambios en la contratación temporal, que es la más habitual en dicho sector, consecuencia de su idiosincrasia y de la estacionalidad de las campañas. La reforma laboral no ha tenido en cuenta las características propias del sector de frutas y hortalizas.

Hiperregular para controlar la producción en origen

También se analizó la difícil implementación que tiene la Ley de la Cadena Alimentaria, y en especial tras la reforma de finales de año, que ha entrado en vigor el 16 de diciembre, ya que introduce la referencia del “coste efectivo de producción” que genera gran inseguridad jurídica y amplió el ámbito de actuación al comercio exterior. La Ley sigue creando una gran incertidumbre entre todos los operadores en su aplicación por la volatilidad de los precios y los mercados.

Este escenario dibuja tristemente un panorama claramente contrario al desarrollo de nuestra mejor agricultura. Implica una alarmante hiperregulación de la actividad productiva y comercial que, según señalaron los representantes de Proexport y muchos miembros de la Comisión de Gobierno de FEPEX, será inasumible para muchos productores y colocará a la agricultura española en una preocupante desventaja competitiva. A ello se suma la subida de costes continua y desbocada desde el año pasado y la dificultad para trasladar éstos al precio de venta, lo que ha llevado a Fepex en días pasados a solicitar una serie de medidas urgentes al Ministro Luis Planas.