La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha calificado de 'inadmisible y preocupante' la llegada masiva e ininterrumpida de embarcaciones de alta velocidad a las costas del municipio en la última semana. En este sentido, ha criticado duramente la inacción del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno por negar la realidad y no dotar de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, convirtiendo la Región de Murcia y el litoral cartagenero en un 'coladero' operado con impunidad por las mafias de tráfico de personas.
Arroyo ha expresado su inquietud ante la llegada de más de un centenar de migrantes en apenas unos días a través de diversas calas del Parque Regional de Calblanque. Según ha señalado, las lanchas desembarcan en la costa y regresan a alta mar sin ser interceptadas ni detenidas debido a la falta de patrulleras y recursos operativos de la Guardia Civil. Ha advertido de que la única embarcación disponible no reúne las condiciones adecuadas y que la falta de capacidad operativa está dejando 'vendidos' a los agentes.
Asimismo, la regidora ha denunciado la falta de explicaciones sobre el destino de los migrantes que llegan a la zona y la sobrecarga que sufre el municipio al albergar tanto el CATE como el CAED en el Hospital Naval. Esta situación provoca que "muchas de las personas llegadas acaben desamparadas en las calles, lo que obliga al Ayuntamiento de Cartagena a intervenir de emergencia a través de la Policía Local y los Servicios Sociales para atender llamadas vecinales y paliar las consecuencias de esta gestión estatal".
Para abordar este problema, el Palacio Consistorial acogerá mañana jueves 27 de agosto un Consejo de Gobierno extraordinario que el presidente de la Región, Fernando López, ha decidido celebrar en Cartagena. Tras la sesión, la alcaldesa y el presidente mantendrán una reunión de trabajo con los representantes de los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para analizar la gravedad de la situación, evaluar las carencias operativas de las plantillas y exigir conjuntamente al Gobierno central el despliegue inmediato de medios técnicos y humanos que permitan proteger la frontera marítima y garantizar la seguridad.