El Gobierno municipal ha rechazado la decisión del Consejo de Ministros de prolongar durante tres años el actual servicio ferroviario de Cartagena, denominado de proximidad, al considerar que consolida un modelo “deficiente” y aleja la posibilidad de que la ciudad disponga de un verdadero servicio de cercanías con Murcia.

Jáudenes, portavoz del Gobierno municipal ha señalado que esta decisión “confirma que el Ministerio no tiene previsión de mejorar a corto plazo las comunicaciones ferroviarias de Cartagena” y ha recordado que la ciudad continúa sin fecha para la llegada de la alta velocidad, mientras mantiene el aislamiento ferroviario de los cartageneros por una suspensión del tráfico ferroviario de viajeros por la línea Madrid-Cartagena por Chinchilla que ha superado los cuatro años.

El portavoz municipal ha recordado que existen alternativas técnicas para mejorar de forma inmediata la conexión con Madrid. El Ayuntamiento dispone de estudios realizados con la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena que plantean la utilización de trenes híbridos de la serie 730, capaces de circular por distintos tipos de vía. “Es una alternativa que ya planteó nuestra alcaldesa porque estos trenes permitirían recuperar una conexión directa Cartagena-Madrid en torno a las cuatro horas, con ocho frecuencias diarias y sin trasbordos en Murcia o Alicante”.

El portavoz ha lamentado que el Ministerio de Transportes “siga sin pronunciarse” sobre esta solución, pese a que podría aplicarse cuando se reabra la línea por Chinchilla. “No pedimos un privilegio, pedimos que Cartagena deje de estar aislada y que el Gobierno use los medios que ya existen para mejorar el servicio mientras llega la alta velocidad”, ha indicado.

Jáudenes también ha recordado que el Pleno ya ha reclamado al Ministerio, a ADIF y a Renfe la reapertura inmediata del servicio ferroviario de viajeros en la línea Madrid-Cartagena por Chinchilla, la recuperación de los servicios de Media Distancia por el itinerario histórico y la garantía del servicio mediante obligación de servicio público u otras medidas equivalentes.